Explosión en Camisea: comunidades olvidadas y con 15 proyectos esenciales inconclusos

La mañana del primero de marzo, en la comunidad de Saringabeni, en Cusco, Ricky Vera Vera escuchó dos explosiones consecutivas cuyo sonido era similar al de una avalancha que se aproxima. “Pensamos que era un huaico o que el río estaba creciendo. Fuimos a un mirador para ver el río, pero no había nada. Ahí vimos la llamarada de fuego de la explosión”, recuerda.

Los síntomas de la exposición a la fuga de gas —ocurrida en la estación de válvulas del kilómetro 43 (KP43) de la Transportadora de Gas del Perú (TGP)— aparecieron a la media hora. Los ciudadanos de Saringabeni, que viven a 16 kilómetros del lugar de la deflagración, y los de Alto Saringabeni, ubicados a solo 6 kilómetros, empezaron a sentir mareos, ardor en la garganta y dolor de estómago.

Sin un centro de salud a donde llevar a los afectados, su única opción fue acudir a una vecina que vende insumos de primeros auxilios. En Saringabeni, como en otras comunidades del distrito de Megantoni, el hospital más cercano está a más de dos horas en bote. Pese a las promesas del exalcalde Daniel Ríos, que en el 2020 anunció la construcción de dos nuevos hospitales en las comunidades vecinas de Kirigueti y Camisea, hasta la fecha Megantoni no cuenta con ningún establecimiento de salud de segundo ni tercer nivel.

El abandono al que están expuestas las 38 comunidades indígenas de las etnias Machiguenga, Asháninka, Yine y Nanti no se limita a la reciente explosión de gas, sino que persiste desde hace una década, cuando se creó el distrito en 2016 con el compromiso de atender de forma directa sus necesidades, y se mantiene a lo largo de los más de 20 años que lleva la explotación del gas natural en su territorio.

“Siempre hemos vivido en emergencia, porque no tenemos luz, agua potable ni siquiera una universidad o un hospital”, resalta Vera Vera, presidente de la comunidad de Saringabeni.

OjoPúblico identificó que, al menos, 15 proyectos de inversión de la Municipalidad de Megantoni, destinados a cerrar brechas en educación, saneamiento y electricidad, siguen sin ser entregados. Siete de estos llevan más de cinco años de retraso.

Este escenario contrasta con los ingresos generados por el canon que registra el distrito. Solo en 2025, Megantoni captó más de S/ 327 millones por canon gasífero, de acuerdo con los registros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En noviembre del año pasado, el regidor Job Corinti Palomino indicó a un medio local que anualmente destinan S/ 5 millones del canon gasífero a programas sociales e infraestructura necesaria para la población. Esto representa menos del 2% de lo que recibió ese mismo año.

Esta brecha se refleja en las condiciones de vida de la población. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), solo el 18% de la población de Megantoni tiene acceso al gas, mientras que más del 80% de las familias aún cocinan con leña y carbón.

“Un balón de gas cuesta S/ 180 en el mismo Megantoni donde se está explotando el gas de Camisea. No es justo que [quienes viven allí] estén pagando el gas más caro y que sigan cocinando con sus leñitas”, cuestiona Elvis Chorobeki Maine, jefe del Consejo Machiguenga del Río Urubamba (Comaru).

Para el economista Epifania Baca Tupayachi, el origen de la crisis en la que viven las comunidades de Megantoni reside en dotar de grandes recursos económicos a un municipio joven con poca capacidad de gestión y, además, no proveer un trabajo articulado con el gobierno central ni regional.

“Durante los primeros cinco o seis años de la creación de Megantoni, el distrito ha recibido mucha plata, pero sobre una capacidad institucional precaria. Eso me parece una irresponsabilidad del Estado central, específicamente del Ministerio de Economía y Finanzas. Para que la salud o la educación mejoren se necesita que intervengan simultáneamente y coordinadamente los tres niveles de gobierno: el nivel nacional, regional y local”, advierte.

OjoPúblico se comunicó con el alcalde y los regidores del distrito de Megantoni para conocer las razones detrás de las demoras en la entrega de proyectos de servicios básicos y la ejecución del canon gasífero. Sin embargo, no se obtuvo respuesta.

Sin energía en el distrito más rico

El canon gasífero que recibe el departamento del Cusco está constituido por el 50% del impuesto a la renta pagado por el Consorcio Camisea y el 50% de las regalías que provienen de los contratos de licencias y servicios. En el caso de Megantoni, uno de los principales receptores de estos recursos, los ingresos alcanzaron cifras de hasta S/ 756 millones en 2023 y se han mantenido por encima de los S/ 250 millones anuales en los últimos cinco años, según registros del MEF.

Sin embargo, estos recursos no se reflejan en el acceso a los servicios básicos. De las más de 1.168 viviendas del distrito de Megantoni, solo el 39% de los hogares tienen alumbrado eléctrico, mientras que el 61% carece de este servicio básico. Esto pese a que el gas natural extraído en este territorio sustenta cerca del 60% de la producción de energía eléctrica del país.

ENERGÍA DEFICIENTE. Menos del 3% del presupuesto de Megantoni se destinó a cerrar las brechas de electrificación de las comunidades del distrito.

Foto: Andina

“A nosotros nos han ilusionado de que el proyecto Camisea va a cambiar la vida de las personas, va a generar oportunidades y hacer que las comunidades indígenas tengan una mejor calidad de vida. Pero nos han mentido”, señala Max Gonzáles Espinoza, presidente de la Federación de Comunidades Nativas Yine-Yami (FECONAYY).

En 2025, apenas el 2,27% del presupuesto distrital se destinó a acceso y uso de la electrificación rural. Esta baja asignación se traduce también en proyectos que no se concluyen.

OjoPúblico identificó que la Municipalidad de Megantoni mantiene proyectos de electrificación sin entregar. De los cinco proyectos analizados en este informe, tres registran más del 90% de avance, pero ninguno ha sido entregado. Además, dos de estos, que proponen la creación y ampliación de energía eléctrica para cinco comunidades y un asentamiento rural, presentan un retraso de más de seis años.

La falta de acceso a fuentes de energía también se refleja en los altos costos que enfrentan las comunidades para cocinar. De acuerdo con los datos disponibles del último censo, 955 hogares continúan cocinando con combustibles contaminantes mientras que quienes buscan acceder a gas deben pagar precios elevados.

Durante la visita de los dirigentes indígenas a Lima, Chorobeki Maine cuestionó la diferencia de precios entre la capital que recibe el gas y el distrito que la produce. Mientras que durante la crisis un balón de gas en Lima alcanzó los S/ 100, en el Alto Urubamba comúnmente supera los S/90 y en el Bajo Urubamba puede alcanzar hasta los S/ 180 soles. “Eso ya se nos ha hecho normal para nosotros y ahora hemos visto cuán importante es el gas de Camisea acá en la ciudad de Lima”, señala.

Brechas en educación

Una situación similar se reporta en el rubro de educación. En 2025, solo el 16,73% del presupuesto del municipio estuvo destinado a fortalecer la educación básica regular. En las comunidades, las limitaciones en infraestructura y acceso a servicios educativos son una constante. “Si usted va a Megantoni, hay pobreza. No tenemos estudios de calidad”, señala Gonzáles Espinoza.

Los datos de ejecución del presupuesto evidencian además problemas en el uso de estos recursos. Más de S/ 9 millones de lo asignado a educación quedó sin ejecutarse durante el último año.

Entre los proyectos con mayores retrasos destaca el de mejoramiento y ampliación del servicio de educación primaria en el Instituto Educativo 64449 de Megantoni. Aunque su ejecución se aprobó en setiembre de 2023, más de dos años después registra un avance del 0%.

La limitada ejecución del canon gasífero también se evidencia en la priorización del gasto. En enero de este año, la Municipalidad de Megantoni aprobó más de S/ 106.000, provenientes del canon gasífero, para organizar el presupuesto participativo de 2027, un proceso administrativo que contrasta con las brechas aún no resueltas en servicios básicos en el distrito.

Baca Tupayachi explica que, pese a que las municipalidades construyen postas y colegios, estos no concluyen su construcción ni ofrecen el servicio porque esa es competencia del gobierno central y complementariamente del gobierno regional y de la municipalidad.

“El canon no se puede utilizar para pagar médicos ni profesores, eso lo define el gobierno nacional. Entonces, no solo Megantoni, sino que muchos lugares de nuestro país enfrentan esta realidad absurda de que la parte del canon ha servido para construir la infraestructura, pero la calidad en la educación o la salud no mejora”, resalta el coordinador de proyectos del Grupo Propuesta Ciudadana.

 

Demoras en la atención de salud

La deflagración de gas en Megantoni expuso las limitaciones del sistema de salud en el distrito. Las comunidades cercanas no recibieron atención inmediata. El jefe de la comunidad de Saringabeni, una de las más próximas al incidente, cuenta que el personal de la Municipalidad de Megantoni llegó tres días después de lo ocurrido y el personal del Ministerio de Salud (Minsa) llegó recién el 5 de marzo. “Lo que hicimos fue tratar de mantener la calma y esperar nomás, porque no había para dónde ir”, relata Vera Vera.

El pedido de una mejora en la atención de salud no es nuevo. En 2020, en plena pandemia, comunidades del distrito denunciaron que los pacientes graves de covid-19 eran trasladados a las regiones de Ucayali y Pucallpa. Las 16 postas del distrito no contaban con las condiciones para atender casos críticos y trasladar a los pacientes a Quillabamba, la capital de la provincia de La Convención, era más arriesgado y costoso.

ABANDONO. La Municipalidad de Megantoni, el Ministerio de Salud y el Gobierno Regional de Cusco aún no cumplen con la construcción de dos hospitales en Megantoni.

Foto: Ministerio de Salud

Ese mismo año, el entonces alcalde del distrito Daniel Ríos prometió que se construirían dos hospitales en las comunidades de Kirigueti y Camisea con el canon de Megantoni. Los proyectos contaban con la asistencia del Programa Nacional de Inversiones en Salud y el Ministerio de Salud del Perú, y con la emisión de permisos de la Dirección Regional de Salud y el Gobierno Regional Cusco.

Sin embargo, a la fecha, estas obras no se han ejecutado. El municipio no cuenta con ningún hospital de tercer nivel de atención y los últimos seis años que pasaron desde ese anuncio solo se ha inaugurado un nuevo establecimiento de salud de primer nivel, con lo que suman un total de 17.

A esta limitada infraestructura se suma la falta de personal. El director ejecutivo de la Red de Servicios de Salud La Convención, Javier Castilla Acuña, ha denunciado recientemente que hay desabastecimiento de personal en todos los centros de salud.

“Este colapso de recursos humanos en el Bajo Urubamba se ha podido notar con el último incidente. Hemos atendido la emergencia pero a costa de cerrar esos días varios establecimientos que estaban alrededor”, dijo a un medio local. El representante indicó que han solicitado un desembolso de S/ 18,5 millones que ha sido aprobado por el Minsa y que están a la espera de la aprobación del MEF.

Sin agua potable ni desagüe

En Megantoni, solo el 5% de las viviendas cuenta con alcantarillado, mientras que más del 77% de las familias recurre a pozos negros o ciegos. Aunque la Municipalidad de Megantoni registra proyectos de inversión que buscan cerrar las brechas, los avances en su culminación aún son limitadas.

En 2025, el municipio ejecutó menos del 50% del presupuesto destinado al mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable y desagüe, de acuerdo con información del MEF.

Los retrasos también se reflejan en los proyectos en curso. De los cinco proyectos analizados, dos llevan más de cinco años en ejecución sin alcanzar el 100% de avance. Además, uno de los proyectos de mejoramiento y ampliación del servicio en la comunidad de Saringabeni, aprobado en 2022, registra un avance del 0%.

 

Repensar la transición energética

El caso de Megantoni se convierte así en un ejemplo contundente de lo que sucede al transitar a energías más limpias, como el gas, sin considerar a las comunidades que viven allí.

“Lo que ha pasado aquí es que se saca el gas para Lima, pero no se asegura la soberanía energética de los territorios aledaños. El gas natural no ha asegurado una alternativa de suministro seguro, constante y a precio justo para las comunidades. Esto no puede ser considerado como tal una transición energética justa”, resalta Augusto Durán Durán, ingeniero especializado en transición energética del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (Mocicc).

Con el restablecimiento de la distribución de gas hacia la capital y las regiones costeras, miembros de las comunidades de Saringabeni, Kitaparay, Sababantiari, Camaná y otras del distrito de Megantoni advierten que el abandono en el que viven puede quedar en el olvido por otras dos décadas más.

“¿Qué va a pasar de acá a catorce años cuando el gas se termine?¿Qué va a ser de los pueblos? ¿Va a haber un programa de remediación o ahí queda?”, cuestiona Gonzáles Espinoza.

Al cierre de este informe, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) no ha emitido un reporte que determine las responsabilidades de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) detrás de la deflagración de gas.