Durante décadas, el Perú sostuvo una regla no escrita pero ampliamente respetada: el Congreso no podía aprobar normas con impacto presupuestal directo sin el aval técnico del Ejecutivo. Este principio —clave para el equilibrio fiscal— actuaba como un freno racional frente a impulsos políticos de corto plazo. Sin embargo, una serie de resoluciones del Tribunal Constitucional terminó por romper esa tradición institucional.
A partir de ese quiebre, el Congreso quedó virtualmente liberado de uno de los pocos contrapesos efectivos que existían frente a su poder normativo. El resultado ha sido un despliegue acelerado de leyes con alto costo fiscal, aprobadas no como parte de un plan articulado de desarrollo, sino como respuestas inmediatas a presiones sectoriales, bases electorales o potenciales votantes.
Del control técnico al cálculo político
Hoy, muchas decisiones legislativas responden más a la lógica del aplauso inmediato que a evaluaciones técnicas serias. Pensiones, carrera magisterial, regímenes laborales o incrementos automáticos del gasto se discuten sin medir su impacto real sobre el equilibrio presupuestal, uno de los pilares de la estabilidad macroeconómica peruana.
Esta deriva fue advertida recientemente por David Tuesta, durante la instalación del Acuerdo Fiscal para el Crecimiento Sostenible, iniciativa impulsada por el Ejecutivo. Tuesta alertó que el país enfrenta un uso desbordado de medidas populistas, que comprometen recursos permanentes sin una fuente de financiamiento sostenible. Según estimaciones del Consejo Fiscal, solo algunas de estas iniciativas podrían costar más de 7 mil millones de soles anuales.
El problema, sin embargo, no es únicamente económico. Es institucional.
Un Congreso sin frenos efectivos
La creciente dependencia de diversas autoridades respecto de un Congreso dominado por coaliciones mayoritarias con intereses fragmentados ha debilitado aún más los mecanismos de control. El Ejecutivo observa leyes, pero estas son aprobadas por insistencia. El MEF advierte, pero no tiene capacidad vinculante. Y el TC, lejos de reforzar el principio de responsabilidad fiscal, ha terminado avalando interpretaciones que diluyen los límites al gasto.
La presidenta del TC, Luz Pacheco, ha reconocido la necesidad de una mayor coordinación entre poderes del Estado, especialmente entre el Congreso y el Ministerio de Economía y Finanzas. Incluso recordó que el tribunal ha declarado inconstitucionales normas en el pasado precisamente por no haber contado con opinión técnica del Ejecutivo. Pero el problema persiste: la coordinación no es obligatoria, y sin reglas claras, queda sujeta a la voluntad política del momento.
El costo de la irresponsabilidad
La ruptura de la “regla de oro” fiscal ha abierto la puerta a una normalización de la irresponsabilidad. El Congreso legisla sin asumir el costo político ni financiero de sus decisiones. El Ejecutivo administra las consecuencias. Y el país arriesga uno de sus pocos consensos históricos: la estabilidad macroeconómica que permitió crecer y reducir pobreza durante años.
No se trata de negar demandas sociales legítimas. Se trata de entender que sin sostenibilidad fiscal no hay derechos garantizados, y que el populismo presupuestal termina afectando, paradójicamente, a quienes dice defender.
¿Cómo volver a poner frenos?
El Perú necesita un nuevo consenso institucional, que restituya algún tipo de control previo, técnico y vinculante sobre las normas con impacto fiscal. No como un veto político, sino como un filtro racional, basado en evidencia, proyecciones y responsabilidad intergeneracional.
La política no puede seguir imponiéndose a la técnica cuando está en juego la viabilidad del Estado. De lo contrario, seguiremos transitando hacia un modelo donde el aplauso inmediato vale más que el futuro económico del país.
Y en ese camino, el Tribunal Constitucional —lejos de ser un espectador— tiene una responsabilidad central.
