Delia Espinoza anunció durante una conferencia de prensa que presentó una querella ante la Corte Suprema contra Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, a quien acusa de haberla difamado públicamente. La demanda incluye un pedido de reparación civil de S/1 millón, suma que —según afirmó— no utilizará para sí misma.

Espinoza sostiene que Rospigliosi difundió afirmaciones falsas e injuriosas, entre ellas que sería “aliada del terrorismo”, que estaría vinculada a “economías ilegales” y que tendría una conducta “desquiciada”. Indicó que antes de acudir al sistema judicial envió múltiples cartas notariales solicitando rectificación, pero el parlamentario no se disculpó ni retiró sus expresiones.

La también inhabilitada fiscal aseguró que, de obtener el millón de soles exigido, el monto será donado íntegramente al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN). Señaló que su intención es que las declaraciones del titular del Parlamento tengan consecuencias y sirvan como ejemplo para evitar que autoridades utilicen su posición para agraviar a otras personas sin pruebas.

«Se presentó la querella ante el Poder Judicial, ante la Corte Suprema, por el rango que tiene el señor (…) La pena la fijará el juez, pero yo he pedido, y no es para mí, una reparación civil de un millón de soles para que sea destinado a neoplásicas, al Hospital de Neoplásicas para los niños y adolescentes y estoy segura de que se va a ganar ese caso y yo misma me aseguraré de que ese dinero sea bien destinado, para mí ni un centavo», señaló.

Delia Espinoza presentará acción de amparo contra el Congreso

Delia Espinoza anunció que presentará una acción de amparo para revertir la inhabilitación por diez años que aprobó el Congreso. La medida busca dejar sin efecto la sanción impuesta por el Pleno y restituir sus derechos constitucionales, luego de que la acusación en su contra —según afirma— se tramitara sin garantías mínimas.

Espinoza señaló que el procedimiento parlamentario vulneró el debido proceso. Denunció que su abogado fue retirado de la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y que la transmisión oficial se interrumpió de forma abrupta, impidiendo que se registre públicamente su defensa. Afirmó que estos hechos evidencian que la decisión no se basó en criterios jurídicos sino políticos.

La suspendida fiscal también adelantó que denunciará a los congresistas responsables por presuntas infracciones a la Constitución. Asegura que la inhabilitación se dio en un contexto de presión política y que el Parlamento actuó con ánimo de represalia debido a sus decisiones cuando encabezó el Ministerio Público.

El proceso que seguirá la acción de amparo podría extenderse varios meses. Bajo la normativa vigente, la demanda deberá ser revisada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema, que tendrá la última palabra sobre si la sanción del Legislativo se mantiene o queda sin efecto.