Pedro Pablo Kuczynski, al igual que casi todos los expresidentes recientes del Perú, está procesado por graves acusaciones de corrupción y lavado de activos. En ese contexto, es un despropósito siquiera considerar que pueda gozar de privilegios como salir libremente del país.
El Poder Judicial ha confirmado el impedimento de salida de PPK hasta diciembre de 2026. La decisión es justa y necesaria: existen altas probabilidades de fuga, más aún cuando el propio exmandatario intentó abordar un vuelo sin notificar a las autoridades, en un claro desafío a las reglas procesales. Esa sola acción revela lo que podría ocurrir si se le levantara la restricción: el riesgo de que no retorne jamás.
El argumento de la avanzada edad o de la salud del expresidente no puede estar por encima de la responsabilidad ante la justicia. En el Perú, la corrupción presidencial ha sido una constante que ha desangrado al Estado y minado la confianza ciudadana. Ningún nombre, apellido ni cargo pasado debe blindar a nadie frente a los tribunales.
El caso de PPK es también un espejo: todos los expresidentes vivos enfrentan procesos penales. Este hecho, vergonzoso en sí mismo, demuestra que la política nacional se convirtió en un botín para redes de poder antes que en un servicio a la ciudadanía. Por eso, hoy más que nunca, corresponde que el Poder Judicial actúe con firmeza, sin privilegios, sin excepciones y sin claudicaciones.
Que PPK permanezca en el Perú hasta que se defina su responsabilidad no es un castigo, sino un acto mínimo de justicia y de respeto al país que gobernó y que ahora exige cuentas.
