Alfonso Alfonso López Chau viene recibiendo, desde hace semanas, una ofensiva sostenida de sectores conservadores y de la extrema derecha. No es casualidad. Su crecimiento en las encuestas, que ya no puede ser soslayado por las principales firmas de opinión, ha activado el reflejo clásico de la política peruana: desacreditar antes que debatir.
En esa línea se inscribe el reciente titular difundido por Infobae, según el cual López Chau habría mentido en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), al no declarar su participación en una empresa constituida en 2018. El señalamiento, amplificado como “información falsa”, merece una lectura mucho más rigurosa y menos sensacionalista.
Empresas que nunca operaron: un vacío frecuente en la norma
El caso alude a una empresa que fue constituida formalmente, pero que nunca inició operaciones, no generó ingresos, no tuvo actividad económica real y hoy figura como inactiva en los registros de la SUNAT. Este no es un hecho excepcional ni nuevo: ha ocurrido con numerosos candidatos en procesos electorales anteriores, sin que ello haya derivado en exclusiones o sanciones graves.
La pregunta de fondo es clara:
¿qué información deben declarar los candidatos respecto de empresas que no existen en la realidad económica, sino solo en el plano registral?
Cuando una empresa nunca operó —no tuvo flujos, utilidades, pérdidas, trabajadores ni actividad comercial— resulta jurídicamente discutible exigir su declaración como si se tratara de una entidad viva. ¿Qué se consigna entonces? ¿Ingresos inexistentes? ¿Utilidades nulas? ¿Un rol empresarial que jamás se ejerció?
Estas empresas, en rigor, no “nacieron” al mundo real. Se quedaron en el ámbito de la intención, del entusiasmo inicial o del proyecto que no prosperó por razones normales: pérdida de interés de los socios, cambios en la situación económica o simple inviabilidad del negocio. Ese es, precisamente, el caso de López Chau.
Fiscalización no es condena
El propio informe del Jurado Electoral Especial no concluye exclusión ni dolo, y recomienda únicamente solicitar descargos. Además, la omisión de este tipo de información —cuando se trata de empresas inactivas— no constituye causal de retiro de la contienda, algo que el propio artículo reconoce.
Incluso en el escenario más extremo, la consecuencia sería una eventual multa administrativa, no una inhabilitación ni mucho menos una “mentira” en el sentido político y ético que algunos titulares pretenden instalar.
El contexto que no se quiere mirar
Según la última encuesta de Ipsos, López Chau alcanza el 4 % de intención de voto y se ubica en el mismo bloque que figuras consolidadas del sistema político, por detrás de Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, y a la par de César Acuña. En un escenario donde más del 40 % del electorado aún no define su voto, ese crecimiento resulta particularmente incómodo para quienes han monopolizado el poder y el discurso durante décadas.
No es menor que López Chau provenga del mundo académico, haya sido rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, director del Banco Central de Reserva del Perú, y que no arrastre denuncias de corrupción ni redes clientelares. Ese perfil, justamente, es el que se busca erosionar antes de que termine de consolidarse.
Más debate, menos titulares
Lo que está en juego no es una empresa inactiva, sino la necesidad de discutir propuestas, modelos de país y alternativas reales. Convertir vacíos administrativos en escándalos políticos es una práctica conocida, pero no por ello menos dañina para la democracia.
Cuando un candidato empieza a “levantar cabeza”, los ataques suelen anticiparse a las ideas. La ciudadanía haría bien en mirar más allá del titular y preguntarse quién gana cuando el debate se reemplaza por el ruido.
