Cuando una dirigente política afirma que “ser autoritario no es tan malo”, no estamos solamente ante una frase desafortunada. Estamos frente a una manera de entender el poder, la democracia y los límites que deben respetar quienes ejercen autoridad desde el Estado.
Hay declaraciones que, por su contundencia, terminan diciendo mucho más de lo que sus autores probablemente pretendían expresar. La afirmación de la senadora de Fuerza Popular Martha Moyano, quien sostuvo que “ser autoritario no es tan malo” en medio de la controversia por la suspensión del debate sobre las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo, pertenece a esa categoría.
La frase no puede analizarse como una expresión aislada ni desligarse del contexto político en el que se produjo. En el Perú, hablar de autoritarismo inevitablemente remite a una experiencia histórica que dejó profundas huellas en las instituciones, en la convivencia democrática y en la confianza ciudadana: el gobierno de Alberto Fujimori, padre de la actual lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
No se trata de afirmar que toda actuación de Fuerza Popular sea necesariamente autoritaria ni de atribuir automáticamente a cada uno de sus integrantes las responsabilidades del pasado. Se trata de examinar qué concepción del poder se expresa cuando una representante política relativiza el autoritarismo y parece presentarlo como una herramienta aceptable para superar obstáculos.
¿Firmeza o autoritarismo?
Ante las críticas, el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Carlos Mesía, salió en defensa de su colega y explicó que su intención habría sido reivindicar la firmeza, el cumplimiento de la ley y el respeto al reglamento parlamentario.
En principio, nadie podría cuestionar esos objetivos. Un Parlamento necesita reglas, procedimientos claros y autoridades capaces de hacerlos cumplir. La firmeza no es incompatible con la democracia; por el contrario, el Estado de derecho requiere instituciones que actúen con decisión y dentro de sus competencias.
Pero existe una diferencia fundamental entre ejercer autoridad y actuar autoritariamente.
La firmeza democrática consiste en aplicar las normas de manera imparcial, respetar los derechos de las minorías parlamentarias, garantizar el debate y fundamentar las decisiones. El autoritarismo, en cambio, aparece cuando la voluntad de quien detenta el poder pretende imponerse sobre los procedimientos, reduce los espacios de deliberación o considera que los controles institucionales son obstáculos que deben eliminarse.
Por eso, la explicación posterior de Mesía no resuelve por completo el problema. Si Moyano quiso referirse únicamente a la firmeza, cabe preguntarse por qué eligió precisamente la palabra autoritario y por qué sostuvo que serlo no era tan malo.
Las palabras importan, especialmente cuando provienen de quienes tienen responsabilidades legislativas.
La memoria del fujimorismo
El fujimorismo no puede comprenderse al margen de la historia política peruana. El autogolpe del 5 de abril de 1992, mediante el cual Alberto Fujimori disolvió el Congreso e intervino instituciones fundamentales del Estado, constituye uno de los episodios más graves de ruptura del orden constitucional en nuestra historia republicana reciente.
Aquella experiencia dejó una lección que debería permanecer vigente: la concentración del poder puede presentarse bajo el argumento de la eficacia, la lucha contra el desorden o la necesidad de tomar decisiones rápidas. Sin embargo, cuando esas justificaciones sirven para debilitar los contrapesos institucionales, la democracia comienza a perder su contenido.
Es precisamente por ese antecedente que las declaraciones de una dirigente de Fuerza Popular merecen una atención especial. No porque el pasado determine inevitablemente el comportamiento presente, sino porque la responsabilidad política exige reconocerlo y evitar que sus prácticas o justificaciones vuelvan a encontrar legitimidad.
La democracia no se defiende solamente participando en elecciones. También se defiende respetando las reglas cuando estas limitan nuestras propias aspiraciones, aceptando el disenso y comprendiendo que ninguna mayoría tiene un poder ilimitado.
El Parlamento no puede convertirse en una maquinaria de imposición
La controversia se produjo durante el debate sobre la delegación de facultades legislativas solicitada por el Ejecutivo, cuya discusión en la Comisión de Constitución del Senado quedó suspendida en medio de desacuerdos sobre el procedimiento.
La delegación de facultades es un mecanismo constitucional que permite al Congreso autorizar al Ejecutivo a legislar sobre materias específicas y por un plazo determinado, dentro de los límites establecidos por la Constitución. No es, por tanto, un trámite que deba resolverse sacrificando el debate parlamentario ni una autorización en blanco para gobernar sin controles.
Tanto quienes respaldan la solicitud como quienes la cuestionan tienen derecho a exponer sus argumentos. La función de una comisión legislativa no consiste en acelerar el procedimiento a cualquier precio, sino en examinar la propuesta, evaluar sus alcances y asegurar que la decisión final se adopte conforme a las normas.
La referencia de Mesía a la denominada “fuerza normativa de lo fáctico”, al describir la posibilidad de que las circunstancias terminen desplazando parcialmente el reglamento, también merece reflexión. Las circunstancias políticas pueden exigir soluciones prácticas, pero no deberían convertirse en una justificación para relativizar las reglas que garantizan la legalidad del procedimiento.
Si las normas resultan insuficientes o existen dudas sobre los plazos, corresponde resolverlas mediante los mecanismos institucionales pertinentes. La conveniencia política no puede sustituir a la legalidad.
La democracia se pone a prueba cuando el poder encuentra límites
En el fondo, el debate no gira únicamente alrededor de una frase. Lo que está en discusión es una pregunta mucho más importante: ¿cómo entienden nuestros representantes el ejercicio del poder?
Para una democracia madura, la autoridad no es una licencia para imponer la voluntad propia. Es una responsabilidad sujeta a controles, obligaciones y límites. El respeto a las reglas no puede depender de si estas favorecen o perjudican a una determinada bancada.
La paradoja es que quienes invocan la necesidad de hacer cumplir la ley deberían ser los primeros en demostrar que están dispuestos a respetarla incluso cuando sus disposiciones dificultan sus objetivos políticos.
No hay firmeza democrática sin legalidad, ni gobernabilidad sostenible sin deliberación. Tampoco existe una democracia sólida cuando el adversario es considerado un estorbo y el desacuerdo se interpreta como obstrucción.
Una frase que obliga a mirar más allá de la coyuntura
Martha Moyano tiene derecho a aclarar el sentido de sus declaraciones, y Carlos Mesía puede sostener que se refería a la aplicación firme del reglamento. Sin embargo, en política las explicaciones posteriores no eliminan la necesidad de examinar el significado y las consecuencias de las palabras pronunciadas.
Cuando se presenta el autoritarismo como algo que no sería tan malo, se corre el riesgo de normalizar una idea peligrosa: que las restricciones democráticas pueden relajarse cuando alguien considera que tiene razones suficientes para hacerlo.
La historia peruana demuestra que las rupturas institucionales rara vez se justifican a sí mismas como ataques contra la democracia. Suelen presentarse como soluciones necesarias frente a una crisis, una supuesta incapacidad de las instituciones o la urgencia de actuar.
Por eso, la defensa de la democracia exige algo más que rechazar abiertamente los golpes de Estado. Exige desconfiar de toda concepción del poder que pretenda situarse por encima de las reglas comunes.
Mudo Social considera que la controversia debe servir para recordar una verdad elemental: en una democracia, la firmeza es una virtud cuando se ejerce dentro de la ley; el autoritarismo es un peligro cuando pretende reemplazarla.
El Perú conoce el costo de confundir ambas cosas. Y precisamente por esa memoria, ninguna fuerza política debería tratar el autoritarismo como una alternativa aceptable, por más eficaz que prometa ser.
Porque la democracia no consiste en que el poder consiga siempre lo que quiere. Consiste, sobre todo, en que nadie tenga poder suficiente para hacer lo que quiera sin responder ante la ley y ante la ciudadanía.
