Hay personas, sectores e intereses —principalmente vinculados a grupos de poder extranjeros— que desde hace años repiten la misma cantaleta: Petroperú es una empresa deficitaria, una carga para el Estado, un error histórico.
Ese discurso, repetido hasta el cansancio, no resiste un análisis serio.
¿En qué país del mundo una empresa petrolera es, por naturaleza, inviable?
¿Dónde el negocio de los combustibles —uno de los más rentables, estables y estratégicos del planeta— es estructuralmente negativo?
La respuesta es simple y brutal: solo en países donde se colocan administraciones diseñadas para socavar la empresa desde dentro.
La energía como activo estratégico (en el mundo real)
En la mayoría de países, las empresas petroleras estatales cumplen dos funciones esenciales:
-
Regular y amortiguar el precio de los combustibles, protegiendo a la población y a la economía.
-
Generar ingresos para el Estado, que permiten financiar salud, educación e infraestructura.
Colombia lo hace con Ecopetrol.
Brasil lo hace con Petrobras.
Chile —que no es un país petrolero— mantiene una empresa estatal fuerte como ENAP, que incluso invierte en el Perú.
¿Por qué? Porque el negocio es rentable. Porque el combustible es esencial. Porque la energía es poder.
El caso peruano: sabotaje interno y relato construido
En el Perú, en cambio, Petroperú ha sido sometida durante quinquenios a campañas sistemáticas de desprestigio, ataques mediáticos y decisiones políticas orientadas no a fortalecerla, sino a demostrar que “no funciona”.
No es ideología. Es interés.
Muchos de los voceros del “fracaso” de Petroperú operan como lobbies, trabajan para intereses privados —nacionales y extranjeros— y buscan moldear la opinión pública para justificar lo que viene después: la fragmentación y la entrega.
Y ahora, el libreto entra en su fase decisiva.
Talara: el inicio de la desarticulación
El anuncio de ProInversión de entregar la Refinería de Talara —el activo más moderno y estratégico de Petroperú— a la gestión privada marca un punto de quiebre.
Su presidente, Luis del Carpio, lo presenta como una “asociación” y no como privatización. Pero el fondo es el mismo: separar los activos rentables, aislarlos, ponerlos en fideicomisos y dejarle a la empresa estatal la deuda.
Talara primero.
Luego los lotes del noroeste.
Después la selva, el mar, los ductos.
Una fragmentación clásica, conocida en América Latina, que termina convirtiendo al Estado en deudor y al privado en operador de los flujos positivos.
El argumento de la “incapacidad” técnica
El discurso se completa con una frase reveladora: “Petroperú no tiene la capacidad técnica para operar Talara”.
Pero esa supuesta incapacidad no cayó del cielo. Es el resultado de años de desinversión en capital humano, rotación política, sabotaje gerencial y abandono deliberado.
Primero se vacía la empresa.
Luego se dice que está vacía.
Finalmente, se justifica su entrega.
Soberanía energética o dependencia permanente
La mayoría de la población peruana —por suerte— no apoya medidas de esta naturaleza. Intuye, incluso sin todos los datos técnicos, que perder Petroperú no es solo perder una empresa: es renunciar a una herramienta de soberanía.
Sin una empresa estatal fuerte:
-
El Estado pierde capacidad de regulación.
-
Los precios quedan totalmente a merced del mercado.
-
La renta energética se externaliza.
-
El país se vuelve estructuralmente dependiente.
No es una discusión contable. Es una decisión política de largo plazo.
El verdadero debate pendiente
La pregunta no es si Petroperú debe reformarse. Claro que debe hacerlo.
La pregunta es para quién se reforma:
-
¿Para servir al interés nacional?
-
¿O para allanar el camino a operadores privados y capitales externos?
Porque empresas petroleras estatales exitosas existen y funcionan en toda la región.
Solo fracasan allí donde el Estado decide que fracasen.
Y cuando eso ocurre, no estamos ante un error técnico, sino ante una renuncia deliberada al control de un recurso estratégico.
