En el Perú ya parece costumbre que los presidentes terminen en prisión. Lo que en cualquier democracia sería un escándalo excepcional, aquí se ha convertido en una rutina: Fujimori, Toledo, Humala, Castillo y ahora, con la acusación fiscal, Pedro Pablo Kuczynski (PPK). ¿Qué nos dice esta reiteración? Que la corrupción se ha normalizado en las más altas esferas del poder, y que quienes llegan al sillón presidencial lo hacen más pensando en sus intereses que en los del país.
El caso PPK: entre lo público y lo privado
La Fiscalía ha solicitado 35 años de cárcel para el expresidente Kuczynski por el presunto delito de lavado de activos con el agravante de organización criminal, dentro del caso Westfield Capital vinculado a Odebrecht. Se le acusa de usar su posición en distintos cargos públicos —ministro de Economía, premier y finalmente presidente— para beneficiar a empresas propias o asociadas a él, como Westfield Capital y First Capital, que recibieron contratos de asesoría financiera en proyectos de gran envergadura estatal.
La acusación señala que Kuczynski jugaba en los dos bandos: funcionario y consultor privado al mismo tiempo. Juez y parte. Esa confusión de roles —donde la línea entre servir al Estado y servirse del Estado se borró— es lo que lo ha llevado ahora a enfrentar un proceso judicial que podría marcar su destino.
Una práctica extendida, no un caso aislado
PPK no es un caso único ni aislado. Representa el modelo de político-tecnócrata que, amparado en su prestigio académico y en sus conexiones internacionales, construyó puentes entre el Estado peruano y los grandes capitales privados… pero muchas veces en beneficio propio. Su historia confirma que la corrupción en el Perú no es ideológica ni partidaria: es estructural.
Mientras los presidentes siguen cayendo, la percepción ciudadana es doble: por un lado, que la justicia actúa con severidad; por otro, que los políticos, sin distinción, viven de espaldas a la mayoría de peruanos, envueltos en delitos que solo agravan la desconfianza hacia las instituciones.
La defensa: persecución y errores procesales
El equipo legal de Kuczynski sostiene que la imputación es “absolutamente improcedente”, que los pagos cuestionados provenían de fondos lícitos y que la Fiscalía forzó la figura de lavado de activos cuando lo que existía, a lo sumo, era un conflicto de intereses. Alegan además que la suma de penas es un error jurídico y que el proceso mismo nació bajo un sesgo político.
Sin embargo, más allá de los argumentos técnicos, lo que queda claro es que el prestigio de Kuczynski está destruido. A sus 86 años, la posibilidad de una condena de 35 años de cárcel equivale, en la práctica, a una cadena perpetua.
Un país atrapado en el mismo círculo
El caso PPK no hace sino confirmar una verdad amarga: en el Perú, el poder presidencial se ha convertido en una trampa mortal. Quien llega al cargo, tarde o temprano, termina procesado. El problema no es solo de individuos, sino de un sistema donde la corrupción es transversal, la política es botín y la justicia llega siempre después del desastre.
La pregunta que debería inquietarnos no es si PPK será condenado o absuelto, sino si el Perú será capaz de romper esta maldición. Porque mientras la corrupción siga siendo la regla y no la excepción, seguiremos sumando presidentes presos y un país cada vez más desencantado.
