La decisión del Tribunal Constitucional (TC) que reafirma que los presidentes de la República no pueden ser procesados ni investigados mientras dure su mandato ha reavivado la polémica sobre la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos en 2023.
La ex fiscal de la Nación, que fue sancionada por el Congreso bajo el cargo de “omisión de funciones” al suspender investigaciones contra Pedro Castillo, respondió con firmeza:
“La inhabilitación que me impuso el Congreso fue arbitraria y contraria al derecho. Yo cumplí con la Constitución. Hoy el TC lo confirma”, señaló en RPP.
El antecedente Vizcarra y la doble vara política
Ávalos recordó que en 2020, frente al caso Richard Swing, adoptó la misma decisión respecto a Martín Vizcarra: abrir investigación a los allegados y corresponsables, pero suspender las diligencias directas contra el jefe de Estado hasta que dejara el cargo.
En ese momento, su decisión no generó una sanción política. Pero con Pedro Castillo, el Congreso utilizó el mismo criterio para acusarla de blindaje, terminando en su inhabilitación.
La propia magistrada subrayó:
“Uno tiene que respetar la Constitución cuando te guste y cuando no te guste. No se archivó nada, nunca se buscó impunidad; simplemente se respetó el diseño constitucional de la Presidencia”.
Congreso vs. TC: una pugna abierta
La resolución del TC no solo reivindica a Ávalos, sino que también expone el choque entre el Congreso como poder político sancionador y el TC como intérprete último de la Constitución.
En los hechos, el fallo debilita la narrativa de que la fiscal suprema incumplió su deber, y más bien pone en entredicho la motivación política de la sanción legislativa.
Un precedente para el futuro
Más allá de la controversia personal, el pronunciamiento del TC deja un mensaje de fondo: los presidentes, por mandato constitucional, solo responden al terminar su gestión, salvo por casos de traición a la patria o impedir elecciones.
Esto reconfigura la discusión pública sobre la responsabilidad política y penal de los jefes de Estado, y abre interrogantes sobre el uso de la inhabilitación como arma política desde el Congreso.
En esa línea, el caso Ávalos se convierte en un símbolo de cómo la confrontación entre poderes puede tergiversar la interpretación de la ley y castigar decisiones que, hoy, el máximo intérprete de la Constitución ha validado.
