El anuncio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que estima que los resultados oficiales de las elecciones presidenciales se conocerán recién a mediados de mayo, abre un debate necesario sobre los límites entre el debido proceso y la estabilidad política.
Según lo informado por la secretaria general del organismo, Yessica Clavijo, el retraso responde a la revisión de actas observadas e impugnaciones, muchas de ellas determinantes en un contexto de resultados estrechos. Desde el punto de vista legal, el procedimiento es claro: cada controversia debe resolverse en las instancias correspondientes antes de proclamar resultados definitivos.
Sin embargo, una cosa es la legalidad del proceso y otra sus efectos políticos.
Un país que permanece durante semanas sin resultados oficiales en una elección tan sensible no solo enfrenta incertidumbre, sino también un desgaste institucional significativo. La prolongación de la indefinición mantiene al país en vilo, alimenta sospechas —muchas veces infundadas— y abre espacio a narrativas que pueden erosionar la confianza pública.
En contextos de alta polarización, los vacíos prolongados rara vez son neutrales. Por el contrario, pueden ser aprovechados por sectores interesados en cuestionar el proceso, movilizar bases o incluso presionar políticamente a las autoridades electorales. El riesgo no es necesariamente un fraude, sino la percepción de fragilidad del sistema.
Es cierto que la revisión de más de 15 mil actas observadas no es un proceso menor. También es cierto que la estrecha diferencia entre candidatos obliga a un escrutinio riguroso. Pero precisamente por ello, el sistema electoral debería estar preparado para responder con mayor celeridad sin sacrificar garantías.
La demora, aunque legalmente sustentada, deja abierta una pregunta incómoda: ¿están nuestras instituciones diseñadas para procesar conflictos electorales complejos en tiempos razonables?
Diversos organismos, incluida la Defensoría del Pueblo y misiones de observación internacional, han señalado que no existen evidencias concluyentes de fraude. Este es un dato clave que debería contribuir a bajar la tensión. No obstante, la percepción ciudadana no siempre se guía por informes técnicos, sino por señales políticas, y la principal señal hoy es la demora.
El desafío del Jurado Nacional de Elecciones no es solo garantizar la legalidad del proceso, sino también preservar la confianza en el sistema democrático. La transparencia no basta si no va acompañada de oportunidad.
En ese equilibrio delicado se juega más que un resultado electoral: se juega la credibilidad de las instituciones.
Porque en política, tan importante como hacer las cosas bien… es hacerlas a tiempo.
