El reciente pronunciamiento de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en el que su presidenta María Teresa Cabrera Vega niega cualquier vínculo con un supuesto accesitario vinculado al caso del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, busca cerrar una controversia puntual. Sin embargo, el problema de fondo va mucho más allá de una desmentida.
La JNJ ha insistido en que la investigación en curso responde a procedimientos legales y decisiones colegiadas, enmarcadas en el debido proceso. Desde el plano formal, ese argumento es válido. No obstante, en política e institucionalidad, la forma es solo una parte del problema; la percepción pública es igual de determinante.
Y es precisamente ahí donde la JNJ enfrenta su mayor debilidad.
Desde su origen, el organismo ha estado bajo cuestionamientos relacionados con su conformación y el contexto político en el que sus miembros fueron elegidos. Para un sector importante de la ciudadanía, no ha logrado consolidarse como un árbitro plenamente independiente, sino como una institución cuya actuación, en determinados momentos, ha sido percibida como alineada con las correlaciones de poder vigentes.
Diversas decisiones tomadas en los últimos años —incluyendo procesos disciplinarios a altos funcionarios y magistrados— han sido interpretadas por algunos como señales de parcialidad o, al menos, como acciones insuficientemente blindadas frente a presiones políticas. Más allá de si estas percepciones son justas o no, el hecho relevante es que existen y afectan la credibilidad institucional.
En ese contexto, la investigación contra Piero Corvetto adquiere una dimensión especialmente sensible. No se trata únicamente de evaluar la actuación de un funcionario clave en el sistema electoral, sino de quién conduce ese proceso y bajo qué nivel de confianza pública.
El punto más delicado no es solo la investigación en sí, sino la eventual toma de decisiones que puedan derivarse de ella. En un escenario de alta tensión política, cualquier reemplazo o intervención en la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales será observado con lupa, y cualquier duda sobre la imparcialidad del proceso podría agravar aún más la ya frágil confianza ciudadana.
Por ello, la discusión no debería centrarse únicamente en desmentir vínculos o aclarar versiones periodísticas. El desafío real para la Junta Nacional de Justicia es reconstruir credibilidad. Y eso no se logra solo con comunicados, sino con decisiones consistentes, transparentes y, sobre todo, percibidas como independientes.
El Perú atraviesa un momento en el que sus instituciones son constantemente puestas a prueba. En ese escenario, no basta con actuar conforme a la ley; es indispensable generar confianza en que esa ley se aplica sin sesgos.
Porque cuando la confianza en las instituciones se debilita, incluso las decisiones correctas pueden ser puestas en duda.
Y ese es un riesgo que el país no puede seguir acumulando.
