El intento de fijar en S/ 42 mil mensuales el sueldo de senadores y diputados es más que un error político: es un insulto a la inteligencia y la dignidad de los peruanos. En un país donde millones sobreviven con menos de S/ 1,000 al mes, pretender que los futuros congresistas ganen como jueces supremos revela la desconexión obscena entre la clase política y la realidad nacional.
Fuerza Popular anunció que retira la propuesta. Pero no nos engañemos: no fue un acto de sensatez, sino de instinto de supervivencia electoral. Al sentir la presión ciudadana y el rechazo generalizado, prefirieron recular. Eso sí, lo hicieron maquillando su decisión: “no es retroceso, solo será debatido más adelante”. Es decir, el descaro quedó en suspenso, no enterrado.
Este episodio demuestra dos cosas. Primero, que los políticos prueban hasta dónde pueden estirar la cuerda de la impunidad. Segundo, que cuando la ciudadanía reacciona, incluso los más soberbios tienen que retroceder. Esa es la clave: sin presión social, no hay freno al abuso.
El Perú no necesita parlamentarios millonarios; necesita representantes con decencia, ética y conciencia social. El futuro Congreso bicameral no puede nacer con el sello de la codicia. Y los ciudadanos debemos estar alertas: la política no es un espectáculo lejano, sino un campo donde se juega nuestra vida diaria y nuestro futuro común.
