En el gobierno parece haberse instalado una peligrosa ilusión: creer que cambiarle el nombre a una institución profundamente cuestionada equivale a transformarla, mejorarla o sanearla. Nada más lejos de la realidad.
Cuando una entidad está carcomida por la corrupción desde la puerta de ingreso hasta lo más profundo de su estructura, el problema no es semántico. Es estructural, ético y político. Y pretender resolverlo con una “reingeniería” que empieza por el membrete y termina en el decreto es, en el mejor de los casos, ingenuidad; en el peor, encubrimiento.
El extinto INPE fue —y sigue siendo hasta hoy— una institución donde la corrupción no era una anomalía, sino un sistema dentro del sistema. Una institución funcional a los intereses de la delincuencia organizada, donde convergen impunidad, extorsión, crimen, violencia y muerte. Un espacio donde la pobreza ética y moral de muchos de sus componentes permitió que la cárcel deje de ser un lugar de resocialización para convertirse en una central de operaciones del delito.
Cambiarle el nombre al INPE y fusionarlo con otros programas para crear la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR) no resuelve ese problema de fondo.
El decreto y la realidad
El Gobierno ha oficializado, mediante el Decreto Legislativo N.° 1710, la creación de la SUNIR, entidad adscrita al Ministerio de Justicia, producto de la fusión por absorción del INPE, el PRONACEJ y el PRONAPRES. Se nos dice que el objetivo es reducir la corrupción y la infiltración del crimen organizado en los penales.
La pregunta es simple:
¿cómo se combate una estructura corrupta sin tocar a las personas que la sostienen?
Porque si el mismo personal, con la misma cultura institucional, los mismos incentivos perversos y los mismos vicios, pasa intacto a una nueva entidad, lo único que cambia es el rótulo de la puerta. La corrupción no se disuelve por decreto.
El problema de fondo
El Perú está hoy a la deriva. Gobernado con miradas ligeras, superficiales, sin estudios serios, sin conocimiento profundo de los problemas ni de las alternativas reales para enfrentarlos. Se legisla desde la urgencia mediática y no desde la comprensión técnica. Se improvisa donde se necesita inteligencia de Estado.
La delincuencia que opera dentro de los penales no está aislada de la que actúa en libertad. Se retroalimentan. Se coordinan. Se fortalecen mutuamente. Y mientras eso ocurra, cualquier discurso sobre “resocialización” será una burla.
Si el Estado quiere producir un aislamiento real y positivo de la delincuencia respecto de la sociedad, el cambio debe ser profundo y doloroso:
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Cambio radical de personal, con evaluaciones reales y expulsiones masivas.
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Reforma total del sistema de funcionamiento, rompiendo redes internas de poder.
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Inversión seria en infraestructura penitenciaria, no parches.
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Uso intensivo de tecnología, con control efectivo de comunicaciones, visitas y flujos internos.
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Nueva ética institucional, no solo nuevos organigramas.
Eso implica decisión política. Coraje. Y asumir costos.
Lo que no se dice
Mientras el gobierno evita decirlo, el país lo sabe: no hay reforma posible sin sacar a quienes convirtieron estas instituciones en engranajes del crimen. No hay resocialización con funcionarios corruptos. No hay seguridad ciudadana con cárceles capturadas por la delincuencia.
Cambiar nombres no cambia realidades.
Cambiar personas, sistemas y valores, sí.
Todo lo demás es maquillaje. Y el Perú ya no está para maquillajes.
