Tras los incidentes de inestabilidad en los sistemas de pago digitales que se han producido en los últimos tiempos, como el apagón histórico de abril de 2025 que dejó caídos servicios esenciales y las posteriores interrupciones en el funcionamiento de plataformas como Redsys, el Banco de España ha lanzado una recomendación clara a los ciudadanos: guardar entre 70 y 100 euros en efectivo por persona en casa, con el objetivo de estar preparados por si se producen nuevos problemas en los sistemas informáticos o de conectividad. Esta medida coincide con las indicaciones que ya han dado otros bancos centrales europeos, que también aconsejan disponer de una cantidad suficiente para hacer frente a las necesidades básicas durante al menos 72 horas.
Esta tendencia surge después de que varios países observaran los riesgos que supone depender exclusivamente de los pagos digitales, y hayan decidido tomar medidas para proteger el acceso al dinero en efectivo. Suecia, uno de los países que más había avanzado en la eliminación del uso de billetes y monedas, ha decidido dar marcha atrás y ha propuesto obligar a supermercados y farmacias a aceptar pagos en metálico para garantizar que la población pueda adquirir productos básicos. Algo similar hizo Bélgica en 2023, cuando aprobó normativas al respecto, en un contexto en el que, aunque el porcentaje de compras que se realizan en efectivo ha bajado del 45% al 39% en poco tiempo, todavía sigue siendo un medio muy utilizado. Países como Hungría han ido más lejos: en 2025 aprobaron una ley que obliga a que todas las localidades cuenten con cajeros automáticos y prohíbe a los bancos suprimir sus servicios de retirada de dinero. Suiza, por su parte, ha incluido en su Constitución el derecho de los ciudadanos a disponer de efectivo, una medida que permitirá seguir accediendo a billetes y monedas incluso si se pone en marcha una versión digital de su moneda.
Más allá de los problemas técnicos, esta situación ha puesto de manifiesto también el riesgo de exclusión financiera que supone el avance de los pagos digitales para colectivos vulnerables. Como ha explicado Pilar Villarino, directiva del CERMI, el problema no es el progreso de las nuevas formas de pago, sino que este avance se produzca dejando atrás a quienes tienen dificultades para utilizarlas, como las personas mayores o aquellas con algún tipo de discapacidad. En España, aunque el efectivo sigue siendo el medio de pago más utilizado, con un 57% de los usuarios que lo eligen habitualmente, los hogares no suelen disponer de reservas para situaciones de emergencia: según datos del propio Banco de España, solo la mitad de la población lleva dinero en efectivo, y la cantidad media que se guarda ronda los 45 euros, muy por debajo de lo que se considera conveniente para estar protegido ante posibles contratiempos.
