La Tercera Sala Constitucional de Lima concedió con efecto suspensivo las apelaciones presentadas por el Congreso y por Delia Espinoza contra el fallo que declaró inaplicable la sanción de inhabilitación por 10 años impuesta a la exfiscal de la Nación. Ambos recursos serán evaluados por la Corte Suprema.
El Poder Judicial admitió a trámite el recurso de apelación que presentó el Congreso de la República para que se revoque la sentencia que declaró “inaplicable” la resolución legislativa emitida el 5 de diciembre del 2025, en la que se inhabilitó por 10 años a la exfiscal de la Nación y actual Decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, para el ejercicio de la función pública.
La Tercera Sala Constitucional de Lima resolvió el último 8 de junio “conceder con efecto suspensivo” el recurso de apelación que presentó la Procuraduría Pública del Poder Legislativo contra la sentencia que emitió dicho colegiado, el último 26 mayo, en la que adoptó la referida medida al declarar “fundada en parte” una demanda de amparo que presentó la doctora Espinoza Valenzuela para que se anule dicha resolución legislativa en la que se dispone esta sanción en su contra por una presunta infracción constitucional a raíz de hechos relacionados a la elaboración y revisión del Reglamento de Actuación Fiscal en la Investigación del Delito, documento que, según la letrada, nunca firmo ni aprobó.
La sala superior determinó que esta apelación cumple con los parámetros establecidos en los artículos 21º y 22° del Código Procesal Constitucional (Ley N° 31307) para ser admitida por lo que remitirá dicho recurso a la Corte Suprema para su evaluación a fin de emitir una decisión al respecto en los próximos días.
La Tercera Sala Constitucional de Lima también resolvió “conceder con efecto suspensivo” el recurso de apelación que presentó la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra la sentencia que emitió dicho colegiado respecto a la demanda de amparo que presentó para anular dicha sanción de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de cargo público que le impuso el Congreso de la República a raíz de este caso.
