El titular del Ministerio de Defensa explicó que la naturaleza y tipología del crimen de las bandas criminales ha cambiado y se requiere de una respuesta más especializadas. Además mencionó que bandas como Los Choneros, el Comando Vermelho, el Tren de Aragua, Los Pulpos y La Jauría deben ser catalogadas como grupos hostiles.
El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, propuso que las Fuerzas Armadas (FF.AA) apoyen a la Policía Nacional del Perú (PNP) en la luchas contra el crimen organizado. Esto debido a que considera que la capacidad de esta última institución ya “ha sido rebasada”.
“Lo que ha cambiado es la tipología, la naturaleza del crimen y eso exige una respuesta del Estado que tenga una capacidad de fuego acorde a la capacidad de fuego de los delincuentes. Tiene que haber una respuesta a la altura de esa amenaza y es evidente que la Policía en ese sentido ha sido rebasada”, explicó en entrevista a RPP.
En línea a ello, estima que las FF.AA no solo podrían apoyar a la PNP, sino asumir la conducción del comando e intervenir contra objetivos de alto valor para neutralizarlos.
Por ejemplo, mencionó las bandas criminales Los Choneros, el Comando Vermelho, el Tren de Aragua, Los Pulpos y La Jauría, las cuales considera deben ser catalogadas como grupos hostiles y para ello se requiere el pedido de facultades.
“En ese momento estas organizaciones criminales se van a convertir también en objetivos militares. Y vamos a poder planificar y diseñar operaciones militares contra ellos”, anotó.
Al ser consultado por la implicancia de posibles excesos de parte de las FF.AA, Belaúnde Llosa resaltó que actualmente las organizaciones criminales usan armamento de guerra e, incluso, explosivos para extorsionar a empresarios.
Gobierno de Keiko Fujimori empodera a las FF.AA
Lo anunciado por el titular del Mindef se alinea al empoderamiento y blindaje que está brindando el Gobierno de Keiko Fujimori a las FF.AA.
Desde un inicio, su estrategia de seguridad daba un papel más protagónico a las Fuerzas Armadas, tanto mediante su despliegue en las calles como a través de nuevas estructuras de coordinación con la PNP.
En agosto, ante la ola de extorsión a transportistas, anunció que las Fuerzas Armadas iniciarán el patrullaje en el sistema de transporte y en las zonas de mayor criminalidad, sin embargo, los ataques siguieron aumentando.
Una de las principales medidas es la creación del Comando Unificado de Lucha contra la Criminalidad, a inicios de octubre, integrado por 1.350 efectivos de las FF. AA. y la PNP.
Se trata de una estructura que contará con un centro de control y operaciones instalado en el Cuartel General del Ejército y tendrá entre sus funciones ejecutar operativos de búsqueda y captura, acciones de inteligencia y operaciones especiales contra organizaciones criminales.
Ante de ello, durante su mensaje a la nación del 28 de julio, Fujimori informó que las FF. AA. asumirían temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno en las zonas declaradas en estado de emergencia, en coordinación con la Policía.
Días después, el 2 de agosto, la mandataria señaló que los militares también participarían en la seguridad de los establecimientos penitenciarios, en las calles y el sistema de transporte.
En todos esos casos se trata de intervención militar en tareas vinculadas con la seguridad ciudadana, un ámbito que tradicionalmente corresponde a la Policía.
Y no queda ahí. El respaldo férreo de Fujimori a los militares también abarca la vía judicial.
Durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 23 de septiembre, la presidenta cuestionó que miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional continúen afrontando procesos judiciales por su actuación durante el conflicto armado interno.
“Vencimos al terrorismo, pero lamentablemente aún hoy, después de 34 años, quienes asumieron esa misión siguen siendo juzgados”, declaró y cuestionó el tratamiento judicial de estos casos.
Janet Tello, presidenta del Poder Judicial, respondió inmediatamente y dijo que tales afirmaciones comprometían la autonomía de los magistrados.
Tello recordó que corresponde a los jueces determinar, mediante procesos que respeten las garantías legales, la responsabilidad o inocencia de los investigados. Además, pidió a la mandataria retractarse y cuestionó que, pese a haber prometido respetar la independencia judicial, criticara ante la comunidad internacional los procesos contra militares y policías.
