Como ya lo hemos señalado anteriormente, una de las mayores debilidades de nuestro sistema institucional es la aplicación desigual de la ley. En el Perú, tanto el jurado electoral como algunos magistrados del Poder Judicial parecen decidir no solo en función de la norma, sino también según a qué sector político pertenece la persona procesada o cuestionada.
La percepción ciudadana —cada vez más extendida— es que existe una preocupante flexibilidad cuando se trata de organizaciones políticas vinculadas al partido o al entorno del grupo que hoy gobierna el país. En contraste, el rigor extremo suele recaer sobre partidos de oposición o sobre agrupaciones emergentes que intentan abrirse paso en un escenario electoral ya de por sí desigual.
Un caso ilustrativo de esta situación es la reciente decisión del Jurado Nacional de Elecciones, que declaró improcedente la candidatura al Senado del coronel PNP en retiro Walter Lozano Pajuelo, postulado por el partido Ahora Nación en el distrito electoral de Huánuco.
Mediante la Resolución N.° 0252-2026-JNE, el Pleno del JNE confirmó la exclusión dispuesta previamente por el Jurado Electoral Especial de Huánuco, bajo el argumento de que la organización política no había reservado una posición para candidatos designados luego de las elecciones internas. Según el criterio del órgano electoral, el partido habría reemplazado indebidamente a un candidato elegido en comicios internos para colocar en su lugar a Lozano como designado.
Sin embargo, el propio afectado ha cuestionado la falta de uniformidad en la decisión, señalando que en otros casos similares el Jurado ha aplicado criterios distintos, permitiendo candidaturas en circunstancias equivalentes. Desde su perspectiva, el JNE ha privilegiado una interpretación estrictamente administrativa, relegando el principio fundamental de la participación política, que debería ser el eje rector de cualquier proceso electoral democrático.
Este tipo de resoluciones no solo afectan a un candidato o a un partido en particular. Golpean directamente la credibilidad del sistema electoral y alimentan la sensación de que las reglas no son iguales para todos. Cuando la ley se aplica con severidad selectiva, deja de ser garantía de justicia y se convierte en una herramienta de exclusión política.
En un contexto electoral ya marcado por la desconfianza ciudadana, decisiones como esta refuerzan la idea de que la institucionalidad actúa con criterios políticos antes que jurídicos, cerrando el paso a nuevas alternativas y favoreciendo, directa o indirectamente, a los actores tradicionales del poder.
Si queremos recuperar la confianza en la democracia, resulta indispensable que los organismos electorales y judiciales actúen con coherencia, previsibilidad y verdadera neutralidad. La ley debe ser firme, sí, pero también justa y uniforme. De lo contrario, seguiremos profundizando una crisis institucional que no se resuelve con discursos, sino con decisiones que demuestren que, en el Perú, nadie está por encima —ni por debajo— de la ley.
