La Plaza San Martín volvió a convertirse en escenario de protesta ciudadana. Jóvenes de la llamada Generación Z, colectivos sociales y asociaciones de transportistas tomaron este sábado el centro de Lima para gritar lo que gran parte del país siente: miedo, indignación y hartazgo ante una criminalidad que desangra barrios, asfixia a trabajadores y desafía a un Estado cada vez más debilitado.
La convocatoria tuvo dos banderas claras: la lucha contra el sicariato y las extorsiones que golpean día a día al transporte urbano, y el rechazo a un gobierno sometido a la coalición parlamentaria que hoy controla el rumbo político del país. A ello se sumó la denuncia contra una Policía que, en lugar de brindar seguridad, es acusada de complicidad en cobros ilegales a comerciantes y vecinos.
La señal de la juventud
El protagonismo de los jóvenes no es menor. En un país marcado por la apatía y el temor tras meses de represión y muertes en protestas, la irrupción de la Generación Z marca un cambio de ánimo. Son estudiantes, trabajadores precarios, hijos de familias golpeadas por la crisis, que hoy levantan la voz contra un sistema político que los ignora y contra un Estado que los abandona frente al crimen organizado.
“Si no luchamos juntos, nos matarán por separado”, se leía en una pancarta que sintetiza el sentimiento colectivo. No se trata solo de la seguridad en buses o en barrios periféricos: es la sensación de vivir en un país donde la vida humana se ha vuelto desechable y la institucionalidad un cascarón vacío.
Transportistas en pie de lucha
El gremio del transporte, blanco de asesinatos, bombas y amenazas, encontró en esta jornada un aliado inesperado en la juventud. “Estamos luchando por los conductores que están siendo asesinados por extorsionadores y por tantas leyes que están sacando contra el pueblo”, declaró una joven manifestante en medio de la movilización por la avenida Abancay.
Los transportistas han sido claros: sin seguridad no hay trabajo, y sin trabajo no hay pan en la mesa. El llamado de sus dirigentes no es sectorial, sino nacional: “No sean espectadores, el país necesita un rumbo”.
Un Estado sin liderazgo
El trasfondo es político. La presidenta Dina Boluarte y su gabinete han mostrado una desconexión absoluta frente a la ola de criminalidad, mientras el Congreso blinda intereses y aprueba reformas que favorecen a grupos económicos, como la cuestionada reforma previsional.
La indignación no se limita a Lima. En la memoria colectiva siguen las muertes de Andahuaylas y otras regiones durante las protestas de 2022 y 2023, heridas que el Ejecutivo nunca cerró. Jóvenes provincianos recordaron en la marcha cómo sus paisanos fueron tratados con desprecio por un Estado que, lejos de reconciliar, profundiza divisiones.
Un punto de inflexión
Los choques con la policía durante la jornada, que dejaron heridos y detenidos, muestran que el Estado sigue respondiendo con represión a lo que debería responder con diálogo y soluciones. Pero más allá de la violencia puntual, lo que queda de esta protesta es una advertencia: la apatía ciudadana empieza a romperse.
Los jóvenes y transportistas que caminaron juntos por Lima señalaron un camino: no quedarse callados frente a la inseguridad y la corrupción política. El desafío está en que este despertar no quede aislado, sino que se convierta en un movimiento amplio que obligue al Estado a reaccionar.
Porque la inseguridad no distingue entre jóvenes ni adultos, entre transportistas ni profesionales. Nos golpea a todos. Y como recordaron ayer en las calles: “Si no luchamos juntos, nos matarán por separado”.
