Lo ocurrido con Daniel Salaverry no es un episodio aislado ni un simple ajuste procesal. Es un síntoma grave de un país donde la justicia se ha convertido en un campo de batalla político, manipulada o presionada según la conveniencia del momento. Durante meses, muchos advertían lo obvio: desde que Salaverry pasó abiertamente a la oposición y se convirtió en crítico frontal de sus anteriores aliados, había cavado su propia fosa política. Y el sistema parecía listo para enterrarlo.
La condena inicial a ocho años, sin pruebas sólidas y bajo una interpretación discutible del régimen de viáticos modificado en 2017, tenía un tufo claro: castigo político. Y si no fuera porque el recurso de apelación cayó en manos de una sala de jueces probos —jueces que no se dejaron amedrentar por el clima político—, la historia sería otra.
Salaverry estaría hoy con sentencia firme, inhabilitado y convertido en el ejemplo perfecto de lo que les ocurre a los opositores incómodos en el Perú del 2025.
La política no puede gobernar la justicia
Pero ese es precisamente el problema: en el Perú, demasiadas veces sí gobierna.
El caso Salaverry es un espejo de un patrón mayor: opositores sancionados de manera exprés, investigados con celo extremo, procesados con dureza. Mientras tanto, personajes con acusaciones iguales o peores —pero alineados al poder del momento— transitan libres, blindados, absueltos incluso por las más altas instancias encargadas de defender la Constitución.
El mensaje es claro:
la justicia se endurece según el color político del acusado.
Y eso, en cualquier democracia, es una línea que no se puede cruzar sin consecuencias devastadoras.
El patrón se repite: Urrestegui y otros más
El caso de Urrestegui es otro ejemplo del mismo fenómeno: un opositor activo, visible, incómodo, procesado como si fuera responsable directo de cada acusación que se le imputa. No es defensa automática —cada caso debe investigarse seriamente—, pero sí resulta evidente el doble rasero.
En cambio, otros vinculados a graves denuncias —presiones políticas, redes de favores, tráfico de influencias, corrupción institucional— aparecen intactos, blindados, liberados de toda responsabilidad, beneficiados por una maquinaria política que opera como un escudo.
El país observa un cuadro siniestro:
ser opositor cuesta caro; ser aliado, garantiza impunidad.
La absolución: un respiro, no una victoria
La Corte Suprema, al absolver a Salaverry, devolvió cierta esperanza en que todavía existen jueces capaces de resistir la presión política. Jueces que entienden que el derecho no puede ser herramienta de venganza ni instrumento de disciplinamiento.
Como dijo el propio Salaverry:
“Había una intención perversa de sí o sí procesarme y condenarme.”
Su caso demuestra que no todos en el sistema están dispuestos a doblarse. Pero también demuestra, peligrosamente, cuán cerca estuvo el país de consolidar un precedente oscuro:
el de encarcelar opositores por conveniencia del poder político de turno.
Un país que debe decidir si quiere justicia o venganza
Salaverry anunció que no participará en las próximas elecciones. Y uno podría leerlo como cansancio, como alivio personal. Pero también puede leerse como un reflejo del clima que vivimos:
hacer política en el Perú se ha vuelto una actividad de alto riesgo.
No porque el debate sea duro —eso siempre es parte de la democracia—, sino porque el sistema de justicia puede convertirse en arma, en castigo, en advertencia.
El país no puede normalizar esto.
No puede aceptar que opositores sean perseguidos mientras otros, con acusaciones más graves, son liberados y homenajeados.
No puede permitir que el miedo sustituya al Estado de derecho.
No puede tolerar que la justicia se convierta en una herramienta de disciplinamiento político.
El caso Salaverry debe servir como advertencia —y como punto de inflexión— para un Perú que, si no reacciona a tiempo, puede terminar legitimando un sistema donde las sentencias dependen menos de la ley y más de las alianzas políticas del acusado.
