Mientras millones de peruanos sobreviven con salarios precarios, empleos informales y una inflación que no da tregua, la coalición dominante en el Congreso continúa escribiendo su propio guion de privilegios. Tras haber copado prácticamente todos los poderes del Estado —desde el Tribunal Constitucional hasta la Defensoría del Pueblo—, ahora la mira está puesta en garantizarse sueldos de élite bajo la fachada de la “bicameralidad”.
El nuevo predicamen que se discute en la Comisión de Constitución plantea que los futuros diputados y senadores reciban una remuneración equivalente a la de un juez supremo titular: 34,090 soles mensuales, más del doble de lo que actualmente gana un congresista (15,600 soles). En otras palabras, los 130 diputados y 60 senadores podrían disfrutar de salarios dorados en un país que vive con el 70% de su población en la informalidad.
Los promotores de la medida, como Fernando Rospigliosi, apelan a un argumento insostenible: “igualar” el sueldo con el de magistrados de alto rango. Lo que callan es que la justicia, aunque cuestionada, exige un nivel técnico y profesional muy distinto al que el Parlamento ha mostrado en los últimos años, con bancadas que legislan al ritmo de intereses privados, favores políticos y componendas bajo la mesa.
La doble moral salta a la vista: el mismo Congreso que se niega a aprobar incrementos reales para el magisterio, el personal de salud o las pensiones mínimas, no tiene reparo en redactar un proyecto que multiplica sus propios ingresos. Es el viejo festín parlamentario, en versión recargada.
La Comisión de Constitución, presidida por Arturo Alegría (Fuerza Popular), es el espacio donde se terminará de decidir si la clase política se asegura otro privilegio mientras el país sigue hundido en el estancamiento.
La pregunta de fondo es simple: ¿con qué legitimidad puede un Congreso, repudiado por más del 80% de la ciudadanía, duplicarse el sueldo en medio de una crisis social y económica? Lo que debería discutirse es cómo reducir gastos del Estado, cómo orientar recursos a educación, salud e inversión pública, y no cómo blindar a una élite política que vive de espaldas al pueblo.
Este intento de autoasignarse un salario de lujo confirma lo que muchos ya perciben: en el Perú, el poder se ha convertido en botín y el Congreso en su casa de remates.
