Patricia Benavides: el regreso que avergüenza a la institucionalidad
En un país donde la memoria institucional parece frágil, el retorno de Patricia Benavides como fiscal suprema titular es un recordatorio doloroso de que, en el Perú, las irregularidades no siempre se castigan; a veces, se premian.
Recordemos que la exfiscal de la Nación fue suspendida en diciembre de 2023 por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) mientras se le investigaba por presuntamente liderar una organización criminal dentro del Ministerio Público. Las acusaciones incluían tráfico de influencias, uso político de su cargo y manipulación de casos de alto impacto, como la destitución irregular de fiscales incómodos o la protección a familiares en procesos judiciales.
Entre los hechos más graves que se le atribuyen figuran:
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Interferencia en procesos disciplinarios y penales, incluyendo la presunta protección a su hermana jueza en un caso de corrupción.
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Sanciones y represalias contra fiscales incómodos, como el caso de la fiscal suprema Zoraida Ávalos.
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Cuestionamientos académicos: títulos y maestrías presuntamente obtenidos sin sustento real, algunas cursadas en simultáneo de manera incompatible.
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Uso político del Ministerio Público en medio de disputas con el Ejecutivo y el Congreso, con decisiones alineadas a intereses coyunturales.
A pesar de la magnitud de estas acusaciones, el 12 de junio de 2025, la actual JNJ dispuso su reincorporación, argumentando que el proceso disciplinario no había concluido y que la suspensión preventiva no podía prolongarse indefinidamente. Así, Benavides regresó a su plaza de fiscal suprema, aunque la Junta de Fiscales Supremos decidió que no representará al Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones.
El mensaje que este retorno envía a la ciudadanía es devastador:
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Que las investigaciones por corrupción y abuso de poder pueden dilatarse hasta perder efecto.
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Que la credibilidad de la justicia puede ser sacrificada por tecnicismos legales.
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Que la ética y la idoneidad parecen requisitos secundarios frente a la protección corporativa.
No se trata de prejuzgar culpabilidad, sino de entender que el Ministerio Público —institución clave para perseguir la corrupción— no puede permitirse funcionarios con un historial cargado de sospechas y procesos abiertos. La confianza pública es un recurso no renovable: una vez perdido, recuperarlo es casi imposible.
En un país serio, un regreso así generaría indignación, movilización ciudadana y un debate nacional sobre la reforma del sistema de justicia. En el Perú, en cambio, el silencio y la resignación parecen ser la respuesta habitual. Y es ahí donde radica nuestra verdadera crisis: no solo en los actos de los poderosos, sino en nuestra tolerancia a que ocurran.
