En un país donde pocas instituciones han logrado mantenerse al margen de las disputas y presiones políticas, resulta alentador que la presidenta de la República haya reafirmado públicamente su compromiso de respetar la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes.
Ese reconocimiento no es un simple gesto protocolar. Constituye un principio esencial del Estado de derecho. Sin jueces independientes no existe justicia imparcial, y sin justicia imparcial ningún ciudadano puede sentirse verdaderamente protegido frente al poder.
Igualmente importante fue el mensaje de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, al recordar que un juez no puede ser destituido simplemente porque una autoridad política discrepa de sus decisiones. Si ello ocurriera, la independencia judicial dejaría de existir y los magistrados pasarían a resolver los casos bajo la amenaza permanente de represalias.
La historia demuestra que los primeros pasos hacia el debilitamiento de una democracia suelen comenzar cuando el poder político intenta someter a los jueces. Primero llegan las campañas de desprestigio; luego las presiones públicas; después los intentos de sancionar o remover a quienes emiten decisiones incómodas. Cuando ese proceso se consolida, la justicia deja de responder a la Constitución para responder a los intereses del poder de turno.
Pero la independencia judicial no depende únicamente de las normas. También exige valentía de quienes administran justicia. Los magistrados deben defender su autonomía con firmeza y resolver únicamente conforme a la Constitución, la ley y su conciencia jurídica, sin ceder ante presiones políticas, mediáticas, económicas o corporativas.
El temor al cuestionamiento, la búsqueda de comodidad, la afinidad con determinados grupos de poder o el simple miedo a las consecuencias personales nunca pueden convertirse en razones para renunciar a la independencia que la Constitución les confía.
En el Perú, donde numerosas instituciones han visto debilitada su autonomía por la creciente influencia política, el Poder Judicial sigue siendo, con todas sus limitaciones y errores, uno de los pocos espacios donde todavía subsiste una importante capacidad de decisión independiente. Esa autonomía quizá no sea absoluta, pero representa un patrimonio democrático que el país no puede darse el lujo de perder.
Porque cuando un juez deja de ser independiente, el perjudicado no es el magistrado. Es el ciudadano común, que pierde la garantía de acudir a un tribunal donde sus derechos sean protegidos sin favoritismos ni presiones.
Defender la independencia judicial no significa blindar a los jueces frente a las críticas. Las sentencias pueden y deben ser cuestionadas mediante los mecanismos legales previstos por el ordenamiento jurídico. Lo que nunca debe aceptarse es que el desacuerdo con una resolución se convierta en un pretexto para intimidar, sancionar o destituir a quienes tienen el deber constitucional de impartir justicia.
La independencia judicial no pertenece a los jueces. Pertenece a toda la sociedad. Y cuando esa independencia se pierde, recuperar la democracia resulta siempre mucho más difícil que conservarla.
