La designación de César Luna-Victoria como nuevo jefe de la SUNAT abre una oportunidad para revisar una de las instituciones más importantes del Estado peruano.
No existe país desarrollado sin una administración tributaria fuerte, profesional y eficiente. La SUNAT cumple una función esencial: recaudar los recursos que financian la educación, la salud, la seguridad y la infraestructura pública.
Pero esa misión no puede cumplirse desconectada de la realidad económica del país.
El Perú es, fundamentalmente, un país de micro y pequeñas empresas. Millones de peruanos generan su propio empleo mediante pequeños negocios familiares, talleres, comercios, servicios y emprendimientos que sobreviven diariamente en un entorno económico altamente competitivo.
Sin embargo, durante muchos años se ha instalado entre ese sector una percepción preocupante: que la administración tributaria actúa con una enorme severidad frente a los pequeños contribuyentes, mientras los grandes casos tributarios suelen requerir procesos mucho más largos y complejos por la magnitud de las controversias, lo que alimenta una sensación de trato desigual.
Más allá de que esa percepción pueda o no reflejar todos los casos, constituye un problema institucional que merece ser atendido.
Cuando una pequeña empresa enfrenta un embargo de cuentas bancarias, muchas veces deja de pagar salarios, proveedores y créditos. En pocos días puede perder su capital de trabajo y, finalmente, cerrar sus puertas.
Cada empresa que desaparece significa menos empleo, menos producción y, paradójicamente, menos contribuyentes para el propio Estado.
La recaudación tributaria no debe convertirse en un objetivo aislado de la realidad económica.
Una administración tributaria moderna no solo cobra impuestos.
También debe contribuir a preservar la base productiva que hace posible esa recaudación.
Naturalmente, ello no significa tolerar la evasión, el fraude o el incumplimiento deliberado de las obligaciones tributarias.
Quien evade impuestos perjudica a toda la sociedad y debe responder conforme a la ley.
Pero resulta indispensable distinguir entre el evasor contumaz y el pequeño empresario que atraviesa una crisis financiera, ha perdido clientes, enfrenta retrasos en los pagos o sufre problemas temporales de liquidez.
No todos los incumplimientos tienen el mismo origen.
Por ello, la nueva gestión de la SUNAT tiene la oportunidad de impulsar un cambio de enfoque.
Más prevención y asistencia.
Más orientación tributaria.
Más digitalización y simplificación de procedimientos.
Más facilidades para la regularización de deudas cuando existan empresas viables.
Mayor transparencia en los criterios de cobranza.
Y, sobre todo, una cultura institucional que combine firmeza con proporcionalidad.
El objetivo no debe ser simplemente cobrar una deuda.
Debe ser lograr que esa empresa continúe operando, conserve sus trabajadores y siga contribuyendo al desarrollo nacional.
La autoridad tributaria debe ser firme frente al fraude, pero también capaz de comprender la realidad de quienes sostienen buena parte del empleo peruano.
El nuevo superintendente tiene ante sí un enorme desafío.
No basta con incrementar la recaudación.
También será necesario recuperar la confianza de millones de pequeños empresarios que sienten que el Estado los observa únicamente cuando llega el momento de cobrar impuestos.
El Perú necesita una SUNAT moderna, eficiente y técnicamente sólida.
Pero también necesita una SUNAT cercana al ciudadano, que entienda que detrás de cada RUC existe una familia, trabajadores, proveedores y un proyecto empresarial que merece la oportunidad de crecer.
Recaudar más y recaudar mejor no son objetivos incompatibles con una administración tributaria más humana.
Por el contrario, una economía con más empresas vivas, más inversión y más empleo terminará generando, en el mediano plazo, una mayor y más sostenible recaudación para el propio Estado.
