Cuando un país descuida la salud de su población, no solo fracasa un ministerio: fracasa el Estado.
Las recientes declaraciones del ministro de Salud, Luis Dyer, señalando que encontró un ministerio «tecnológicamente en el año 95», describen una parte del problema, pero no toda la realidad. El atraso tecnológico existe y debe corregirse con urgencia. Sin embargo, la crisis de la salud pública peruana es mucho más profunda.
Durante décadas el sistema ha sido víctima de la improvisación, la falta de planificación, la corrupción, la escasa inversión, la fragmentación institucional y la ausencia de una verdadera política de Estado.
Hoy millones de peruanos enfrentan diariamente una realidad que resulta inaceptable para un país que aspira al desarrollo.
Conseguir una cita médica puede tomar semanas o meses.
Una intervención quirúrgica puede esperar un año.
Los pacientes hacen largas colas desde la madrugada para obtener una consulta.
En numerosos establecimientos faltan medicamentos, equipos médicos y especialistas.
Miles de centros de salud ni siquiera cuentan con acceso a internet, mientras el mundo avanza hacia la inteligencia artificial, la telemedicina y la historia clínica electrónica.
Pero el problema no termina allí.
También existe una profunda crisis de gestión.
No son pocos los hospitales donde médicos altamente calificados cumplen únicamente las horas indispensables en el sistema público mientras concentran buena parte de su actividad profesional en clínicas privadas. Esa realidad, aunque responde también a problemas estructurales de remuneración y organización del trabajo, genera una percepción de desigualdad entre quienes solo pueden atenderse en el sistema estatal.
La consecuencia es dramática: el ciudadano sin recursos económicos enfrenta un sistema lento, burocrático y muchas veces deshumanizado.
La salud no puede depender de la capacidad de pago de una persona.
Ese debería ser uno de los principios fundamentales de cualquier sociedad democrática.
Naturalmente, mejorar el sistema exige mayores recursos. Pero sería un error creer que todo depende únicamente del presupuesto.
Con los recursos actualmente disponibles es posible lograr avances importantes si existe una gestión eficiente.
Digitalizar los procesos administrativos.
Interconectar todos los establecimientos de salud.
Implementar plenamente la historia clínica electrónica.
Fortalecer la atención primaria para evitar el colapso de los hospitales.
Garantizar el abastecimiento oportuno de medicamentos.
Combatir frontalmente la corrupción en las compras públicas.
Evaluar permanentemente el desempeño de los establecimientos de salud.
Reducir los tiempos de espera mediante una mejor organización.
Y, sobre todo, recuperar la dimensión humana de la atención médica.
Un hospital no puede convertirse en un lugar donde los ciudadanos pierdan la esperanza.
La tecnología puede acelerar procesos.
La inversión puede mejorar la infraestructura.
Pero ninguna reforma tendrá éxito si no se coloca nuevamente al paciente en el centro del sistema.
La verdadera modernización no consiste únicamente en reemplazar el papel por computadoras. Consiste en construir un sistema donde las personas sean atendidas con oportunidad, respeto, dignidad y calidad.
El nuevo ministro ha anunciado que en cien días comenzará la transformación administrativa del sector. Esa es una oportunidad que el país debe observar con expectativa, pero también con espíritu crítico. Los peruanos no necesitan únicamente nuevos diagnósticos; necesitan resultados concretos.
Porque cuando una madre espera meses por una cirugía para su hijo, cuando un adulto mayor fallece aguardando una consulta especializada o cuando un paciente con cáncer no recibe oportunamente su tratamiento, el problema deja de ser administrativo y se convierte en una cuestión de derechos humanos.
La salud pública no puede seguir siendo la última rueda del coche del Estado peruano.
Debe convertirse en una prioridad nacional.
Porque ningún país puede llamarse verdaderamente desarrollado mientras la calidad de la atención médica dependa del tamaño de la billetera de sus ciudadanos.
