La reelección municipal estaba prohibida. Ahora pretenden burlarla aprovechando un agujero legal
Hay algo profundamente preocupante en lo que está ocurriendo con la prohibición de la reelección inmediata de las autoridades municipales.
El espíritu de la norma fue claro: los alcaldes que ejercen el cargo durante este periodo no deberían utilizar las ventajas del poder municipal para volver a presentarse inmediatamente al mismo cargo en el siguiente periodo.
No era una norma difícil de entender.
La intención del legislador tampoco parecía ofrecer mayores dudas.
Sin embargo, como tantas veces ocurre en nuestro país, apareció la famosa viveza criolla: buscar el pequeño agujero, la interpretación conveniente, la puerta lateral que permita hacer exactamente aquello que la ley pretendía impedir.
Y así, una prohibición que tenía un propósito democrático corre el riesgo de convertirse en letra muerta.
La ley no puede ser burlada sin ser formalmente violada
Aquí está el problema de fondo.
Una norma puede ser burlada sin que necesariamente se viole literalmente cada una de sus palabras.
Basta encontrar una interpretación que permita hacer por una vía indirecta aquello que el legislador quiso impedir directamente.
Pero una democracia seria no puede limitarse a preguntar:
“¿La ley dice literalmente esto?”
También debe preguntarse:
“¿Esto que se está haciendo contradice la finalidad para la cual se aprobó la ley?”
Porque si la respuesta es afirmativa, estamos ante una peligrosa deformación del sistema jurídico.
La ley termina diciendo una cosa en el papel y permitiendo otra completamente distinta en la práctica.
Y entonces aparece la peor consecuencia posible:
la ciudadanía pierde confianza en las instituciones.
No sirven solamente los gritos de protesta
Frente a esta situación seguramente veremos declaraciones, críticas, denuncias políticas y pronunciamientos.
Todo eso puede ser necesario.
Pero no es suficiente.
De nada sirven los grandes discursos contra la reelección si, al mismo tiempo, las autoridades políticas permiten que el mecanismo para burlarla siga intacto.
De nada sirve decir que estamos indignados si después nadie hace nada para corregir la norma.
La política no se cambia solamente con declaraciones.
Se cambia actuando en el mundo real.
Y el mundo real, en este caso, está en el Congreso.
Los nuevos congresistas tienen una tarea concreta
Los parlamentarios que han asumido recientemente sus funciones tienen una oportunidad muy clara.
No necesitan esperar a que el problema vuelva a explotar.
No necesitan esperar otra elección.
No necesitan limitarse a criticar a los alcaldes que pretendan aprovechar esta situación.
Deben presentar desde ahora una iniciativa legislativa que cierre definitivamente el vacío.
La solución tampoco parece demasiado complicada.
La norma debe establecer, con absoluta claridad, que la prohibición comprende la reelección inmediata de las autoridades municipales bajo cualquier forma, modalidad o mecanismo que tenga como finalidad eludir la prohibición constitucional o legal.
Es decir, no debe importar el camino utilizado para intentar regresar al cargo.
Si la finalidad es conseguir una nueva elección inmediata de quien ya ejerció el cargo durante el periodo anterior, la prohibición debe operar.
No se trata de impedir la democracia
Algunos seguramente argumentarán que cualquier restricción a una candidatura limita el derecho de los ciudadanos a elegir.
Pero ese argumento tampoco puede utilizarse de manera automática.
Las democracias establecen reglas para evitar que quien ejerce el poder pueda utilizar las ventajas del cargo para perpetuarse.
La prohibición de la reelección inmediata tuvo precisamente una finalidad política e institucional: evitar que el poder municipal se convierta en una plataforma permanente de poder personal.
Por eso, si existe un mecanismo que permite conseguir por otra vía exactamente aquello que la norma quiso impedir, estamos ante un problema que debe ser corregido.
No hacerlo significaría aceptar que la prohibición existe solamente para quienes respetan literalmente la ley, mientras quienes tengan mejores abogados o mayor habilidad para encontrar sus vacíos pueden esquivarla.
Eso sería una pésima señal.
Cerrar el agujero antes de que se convierta en precedente
La peor opción sería acostumbrarnos.
Hoy puede tratarse de alcaldes.
Mañana podría ocurrir con gobernadores, congresistas u otras autoridades.
Cada vez que una norma establezca una prohibición, alguien encontrará una fórmula para decir:
“No estoy violando la ley porque técnicamente estoy haciendo otra cosa.”
Y si esa interpretación prospera, la ley habrá dejado de cumplir su función.
Por eso el Congreso debe actuar antes de que la maniobra se consolide como precedente.
No se trata de perseguir personas.
No se trata de legislar con nombre propio.
Se trata de precisar la regla para que nadie pueda utilizar una interpretación artificiosa para neutralizarla.
La ciudadanía tiene derecho a exigir coherencia
Hay una pregunta que deberían responder los futuros parlamentarios:
¿Van a permitir que una prohibición aprobada para impedir la reelección inmediata termine siendo burlada mediante un mecanismo indirecto?
Porque si están en contra de esa interpretación, tienen una herramienta concreta para demostrarlo.
Una iniciativa legislativa.
Un debate.
Una modificación precisa de la norma.
Una disposición que cierre el vacío.
Y después, naturalmente, corresponderá al Tribunal Constitucional y al Poder Judicial interpretar y aplicar las nuevas reglas dentro del marco constitucional.
Pero el Congreso no puede esconderse detrás de la ambigüedad cuando tiene la posibilidad de corregirla.
La ley debe decir exactamente lo que la ciudadanía creyó que decía
El problema peruano no es solamente que tengamos malas leyes.
Muchas veces tenemos leyes razonables que terminan siendo debilitadas por interpretaciones, excepciones, reglamentos o mecanismos que terminan contradiciendo su finalidad.
Y ahí aparece una vieja práctica nacional:
hecha la ley, hecha la trampa.
Pero una democracia no puede funcionar bajo esa lógica.
Si la sociedad decidió limitar la reelección inmediata de determinadas autoridades, esa decisión debe respetarse.
Y si la redacción de la norma permite una interpretación que contradice ese propósito, corresponde al legislador corregirla.
No mañana.
No cuando el problema sea irreversible.
Ahora.
Porque de nada sirve llenar las plazas, las redes sociales y los medios de comunicación con gritos de indignación si, cuando llega el momento de actuar, quienes tienen la responsabilidad de legislar permanecen en silencio.
Los nuevos congresistas todavía están a tiempo.
Que presenten las iniciativas.
Que abran el debate.
Que precisen la norma.
Que cierren el agujero.
Y que quede establecido, sin ambigüedades, que ninguna autoridad municipal puede convertir una prohibición constitucional o legal en letra muerta mediante una maniobra de interpretación o cambio de modalidad electoral.
La democracia necesita reglas.
Pero, sobre todo, necesita que las reglas se cumplan y no puedan ser burladas mediante la viveza de quienes aprendieron a moverse entre sus vacíos.
La ley no puede ser solamente lo que dice. También debe ser capaz de impedir aquello que expresamente quiso evitar.
