El traslado del expresidente Martín Vizcarra al penal Ancón II no tiene una justificación clara ni técnica. Lo que debería ser un procedimiento administrativo y legalmente sustentado, terminó convertido en un laberinto de resoluciones contradictorias, comités ad hoc y disposiciones improvisadas que revelan más ánimo de revancha política que criterios penitenciarios.
El propio abogado de Vizcarra ha señalado que, según la Directiva 006-2023 del INPE, por puntaje y condición de exmandatario, correspondía su permanencia en el penal de Barbadillo, donde están otros expresidentes. Sin embargo, se forzó una reevaluación para justificar lo contrario, y finalmente, “entre gallos y medianoche”, fue retirado del penal y llevado a Ancón II.
Una decisión que huele a encono político
Nadie en el INPE ni en el Gobierno ha podido dar una explicación coherente. Solo se escuchan trabalenguas administrativos que no disimulan el trasfondo: un ensañamiento político contra Vizcarra, un intento de doblegarlo moralmente y un mensaje dirigido a quienes se atrevan a desafiar al pacto de poder que hoy controla las instituciones.
El traslado, además, se realizó sin notificación formal previa, en contra de la recomendación médica y con un despliegue que más parece un castigo ejemplarizante que una medida legal. No se trata solo de un error administrativo: es un abuso de autoridad.
Un precedente peligroso para todos
Quienes hoy celebran este maltrato deberían reflexionar. En política, las correlaciones de poder cambian y mañana podrían ser ellos los que sufran medidas igualmente arbitrarias. Si como ciudadanía aceptamos que la prisión preventiva y la clasificación penitenciaria se manejen con criterios de revancha y no de justicia, mañana no habrá garantías para nadie.
La democracia se debilita no solo cuando se persigue a opositores, sino también cuando se normaliza la arbitrariedad y la venganza institucional.
Vizcarra resiste, el sistema fracasa
El expresidente ha decidido acatar la medida y no presentar más acciones legales, señalando que “resistirá donde lo manden, pero no se doblegará”. Más allá de las simpatías o críticas que despierte Vizcarra, el fondo del asunto es otro: el Estado de derecho está siendo erosionado por decisiones políticas disfrazadas de procedimientos técnicos.
Lo sucedido con el traslado de Vizcarra es un recordatorio inquietante: cuando la ley se subordina al cálculo político, nadie está a salvo.
