os expertos a los que se encargó un informe sobre la independencia y transparencia del Banco de España (BdE) han recomendado que el nombramiento del gobernador, el subgobernador y los consejeros no natos sean aprobados por el Congreso de los Diputados, y que el mandato del gobernador y el subgobernador sea de ocho años. El Consejo de Gobierno del Banco de España ha emitido este martes un comunicado en relación con el informe encargado sobre la independencia, transparencia y rendición de cuentas de la institución y ha dado a conocer el estudio.
Asimismo, ha dicho que va a iniciar una reflexión con el objeto de identificar ámbitos precisos de actuación y que prevé publicar sus conclusiones a lo largo del primer semestre de 2026. Identifican posibilidades de mejora en la independencia y capacidad técnica de la institución en seis áreas, algunas de la cuales requerirían modificaciones legales. Entre las mejoras figura la reforma del proceso de nombramiento del gobernador del Banco de España, del subgobernador y de los consejeros no natos, incluyendo comparecencias parlamentarias y la aprobación o no objeción del Congreso.
Señalan que «un primer hecho que llama la atención es la preponderancia prácticamente absoluta del Gobierno en el nombramiento del gobernador», y añade que «aunque en la mayoría de los países los gobernadores de los bancos centrales son designados por los gobiernos, lo más habitual es que los nominados comparezcan ante las comisiones respectivas del poder legislativo». Asimismo, aconsejan la creación de un puesto de segundo subgobernador para que la gobernanza sea más colegiada y que asumiría las tareas de sustitución del gobernador.
Otra de sus planteamientos es que se limite el derecho a voto de los consejeros natos, manteniéndolos sólo con voz, y ampliar los mandatos del gobernador y subgobernador a ocho años sin reelección. Según indican, mantener un periodo de seis años con posibilidad de reelección es desaconsejable por dos motivos. Por un lado, porque un periodo de doce años puede resultar excesivo y, por otro, porque el incentivo a conseguir la renovación puede ir en detrimento de la independencia respecto del Gobierno y eventualmente del Parlamento. También instan a las comparecencias del gobernador ante el Parlamento más allá del Informe Anual.
En el caso del asesoramiento al Gobierno, recomiendan definir la agenda de estudios previa consulta a distintos actores y organismos, y que los estudios estén alineados con los mandatos del Banco de España, evitando recomendaciones prescriptivas ajenas a esos mandatos. Señalan que, dado que es un tema que puede plantear inquietud desde el punto de vista del uso de los recursos del Banco de España y su posible politización, se sugiere vincular estos estudios con los mandatos del banco y, en general, «evitar pronunciamientos prescriptivos en materias de políticas públicas que no están directamente relacionados con dichos mandatos».
De igual modo, explican que se debe distinguir claramente entre documentos de investigación bajo la responsabilidad de sus autores y documentos que representan la posición institucional. Otra de las propuestas es la creación de una Dirección General de Riesgos encargada de definir políticas y coordinar la identificación y mitigación de los riesgos. Además, recomiendan publicar las actas de las reuniones del Consejo de Gobierno donde se toman decisiones de política macroprudencial, de forma anonimizada y con un desfase suficientemente largo como para no influir en la toma de decisiones.
Los expertos detallan que el Informe Anual y los Informes de Estabilidad Financiera deben enfocarse más en el futuro que en el pasado, ser mucho más breves y usar un lenguaje sencillo y comprensible, evitando el exceso de acrónimos que solo conocen los especialistas. El Consejo de Gobierno ha indicado en su comunicado que algunos de los aspectos apuntados requerirían modificar disposiciones con rango de ley y su iniciativa, por tanto, corresponde a otras instituciones. También ha dicho que toma nota de la recomendación de otorgar un mayor papel a las Cortes Generales en los procesos de nombramiento de los miembros de sus órganos de gobierno. Además, indica que comparte la necesidad de reflexionar sobre la implementación práctica de la función de asesoramiento al Gobierno.
