El nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella comienza con señales que merecen la atención de toda América Latina. No solamente por el giro político hacia la derecha, sino por la posibilidad de que Colombia vuelva a transitar por caminos que durante décadas dejaron profundas heridas: el predominio de la fuerza sobre el diálogo, la confrontación sobre la negociación y el alineamiento internacional sobre la autonomía nacional.
Colombia inaugura hoy una nueva etapa política. Abelardo de la Espriella asumió la Presidencia de la República con un discurso de mano dura frente a los grupos armados y con la promesa de abandonar la estrategia de negociación que caracterizó buena parte del gobierno de Gustavo Petro.
No hay duda de que Colombia enfrenta un grave problema de seguridad. El narcotráfico, las disidencias de las FARC, el ELN, la minería ilegal y las organizaciones criminales constituyen amenazas reales para el Estado y para millones de colombianos.
Pero reconocer esa realidad no significa aceptar que la respuesta tenga que ser necesariamente la violencia.
Colombia conoce demasiado bien las consecuencias de convertir la fuerza en el principal instrumento de la política. Durante décadas, la confrontación armada produjo miles de muertos, desplazados, desaparecidos y comunidades enteras sometidas al miedo. Por eso, cualquier gobierno tiene el derecho y la obligación de combatir al crimen, pero también tiene la obligación de hacerlo dentro de la Constitución, respetando los derechos humanos y preservando las libertades ciudadanas.
Y aquí aparece una primera preocupación.
Durante los últimos cuatro años, con todas las críticas que puedan hacerse al gobierno de Gustavo Petro, Colombia ha vivido un escenario en el que los sectores sociales, sindicales, populares y políticos han podido ejercer con mayor amplitud su derecho a expresarse y protestar. El país no ha estado libre de conflictos ni de violencia, pero tampoco hemos visto el retorno de los niveles de represión política que marcaron algunos de los períodos anteriores.
Ese espacio democrático no debería cerrarse.
Un gobierno de derecha puede y debe gobernar para todos los colombianos. Puede ser firme frente a las organizaciones criminales sin convertir a los movimientos sociales en enemigos del Estado. Puede exigir orden público sin criminalizar la protesta. Puede defender la autoridad sin confundir autoridad con autoritarismo.
La segunda señal preocupante aparece en la política exterior.
El nuevo gobierno ha anunciado su intención de apartarse del acuerdo de cooperación con China dentro de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. La decisión no sería simplemente económica. El propio nominado de Donald Trump para embajador de Estados Unidos en Bogotá, Nate Morris, sostuvo ante el Senado estadounidense que Colombia debería decidir entre Estados Unidos y China y calificó como un paso importante la salida de la iniciativa china.
Y ahí está el verdadero problema.
¿Desde cuándo un país soberano tiene que escoger entre relacionarse con Estados Unidos o relacionarse con China?
Colombia no pertenece a Estados Unidos. Tampoco pertenece a China.
Colombia pertenece a los colombianos.
Por supuesto que Washington es un socio histórico y fundamental para Colombia. Pero también lo es conveniente desarrollar relaciones económicas, comerciales, tecnológicas y diplomáticas con China, Europa, Asia, América Latina y el resto del mundo.
La política exterior de un país no debería construirse bajo la lógica de «estás conmigo o estás contra mí».
Esa lógica pertenece a los tiempos de la Guerra Fría.
Hoy los países necesitan diversificar sus mercados, atraer inversiones, conseguir tecnología, abrir oportunidades para sus empresas y negociar en función de sus propios intereses.
China se ha convertido en una potencia económica mundial y en un actor fundamental en infraestructura, tecnología, comercio y financiamiento. Estados Unidos continúa siendo una potencia económica, política, militar y tecnológica de enorme importancia.
¿Por qué Colombia tendría que renunciar a uno para relacionarse con el otro?
El propio gobierno de Petro justificó su acercamiento a China como una oportunidad para fortalecer la cooperación económica, tecnológica, ambiental y de infraestructura. Se puede discutir si esa estrategia fue bien negociada, si produjo suficientes resultados o si el acuerdo fue presentado con excesivo entusiasmo. Pero una cosa es revisar una política exterior y otra muy diferente es aceptar que una potencia extranjera determine con quién puede comerciar Colombia.
Eso sería sustituir una dependencia por otra.
Y América Latina ya conoce demasiado bien ese camino.
Durante buena parte de nuestra historia, nuestras economías estuvieron condicionadas por los intereses de las grandes potencias. Cambiaban los gobiernos, pero permanecía la dependencia.
Hoy debería ocurrir exactamente lo contrario.
Nuestros países necesitan relaciones internacionales abiertas, no relaciones internacionales subordinadas.
Perú, Colombia, Brasil, Chile, Argentina y las demás naciones latinoamericanas tienen derecho a comerciar con todos. A recibir inversiones de todos. A comprar tecnología a todos. A vender sus productos a todos. Y, naturalmente, a rechazar aquellas inversiones o acuerdos que lesionen su seguridad, su soberanía o sus intereses nacionales.
Pero esa decisión debe tomarla Bogotá, no Washington.
También debe quedar claro que una relación económica con China no significa convertirse en un país subordinado a China. De la misma manera, una relación estrecha con Estados Unidos no debería significar subordinación a Washington.
La verdadera independencia consiste precisamente en tener capacidad para relacionarse con todos sin convertirse en satélite de ninguno.
Colombia comienza hoy una nueva etapa.
Ojalá el nuevo gobierno tenga la inteligencia política para comprender que gobernar con firmeza no significa gobernar con miedo; que defender la seguridad no significa perseguir la protesta social; que combatir al crimen no significa criminalizar al ciudadano; y que ser aliado de Estados Unidos no significa renunciar a la autonomía de la política exterior.
El mundo está cambiando.
China crece. Estados Unidos redefine sus alianzas. Europa intenta recuperar autonomía estratégica. India aumenta su peso internacional. América Latina busca nuevos mercados.
En ese escenario, los países que sepan negociar con todos tendrán mayores posibilidades de defender sus intereses.
Los que acepten que solamente existe un camino, terminarán dependiendo de quien les marque ese camino.
Colombia no necesita escoger entre Washington y Beijing. Necesita escoger a Colombia.
Y esa debería ser la primera prioridad de su nuevo gobierno.
