El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el Proyecto de Ley de Patrimonio, que inicia ahora el trámite parlamentario para su aprobación definitiva. La norma incluye medidas como el reciclaje obligatorio, por ley, de todos los bienes muebles de los que dispone la administración autonómica para su funcionamiento, valorados en unos 650 millones de euros (según estimación de un informe de la Cámara de Cuentas de 2018), a los que se va a alargar su vida útil.
Hasta el momento, la Ley de Patrimonio vigente desde hace cuatro décadas obliga a eliminar los bienes muebles tratados como residuos. A partir de ahora, se alinean con la Ley de Economía Circular de Andalucía, donde se establece el principio básico de la prevención del residuo.
Se creará una ‘bolsa de segunda oportunidad’ para dar nuevo uso a mobiliario, material informático, vehículos y otros enseres, priorizando su reutilización, reparación o reciclaje. Por ejemplo, aquellos vehículos que estén a punto de alcanzar el final de su vida útil podrán ser destinados para su uso por alumnos en grados formativos. Cuando no sea posible la reutilización, los bienes podrán cederse gratuitamente a otras administraciones, entidades sin ánimo de lucro o gestores de residuos autorizados.
El procedimiento previsto contempla que cuando los bienes estén llegando al final de su vida útil sean declarados obsoletos, deteriorados (con daños graves o desgaste que reducen su valor significativamente), en desuso (con utilidad potencial pero que no se usan), o antieconómicos (cuyo aprovechamiento supondría costes superiores a los beneficios).
Cuando estén clasificados la administración decretará cuáles se pueden reutilizar para alargar su vida útil. Podrá acordarse la entrega, gratuita u onerosa, a entidades públicas o privadas que se comprometan, tras su correspondiente tratamiento, a devolverlos o ponerlos a disposición de la Administración restableciendo su rendimiento o funcionalidad.
