El reciente despliegue de destructores, aviones de combate y miles de marines estadounidenses en aguas cercanas a Venezuela vuelve a colocar en la mesa una vieja práctica de Washington: la amenaza militar disfrazada de misión moral. Bajo el argumento de combatir el narcotráfico o “restaurar la democracia”, Estados Unidos pretende arrogarse el derecho de decidir qué gobierno es legítimo, qué sistema es aceptable y qué modelo político debe imponerse en países soberanos.
Se trata de un guion repetido. Desde Irak hasta Libia, pasando por Afganistán y Centroamérica, la Casa Blanca se presenta como garante de la libertad mientras sus intervenciones dejan tras de sí destrucción, crisis humanitarias y Estados fallidos. Hoy, Venezuela ocupa ese lugar en el tablero.
La contradicción es evidente: el mismo gobierno que amenaza con bombardear o invadir a otro país, es el que endurece las condiciones para que migrantes venezolanos —y de toda la región— puedan acceder a asilo en territorio estadounidense. Se militarizan los mares del Caribe al mismo tiempo que se cierran las puertas de la justicia migratoria. La “defensa de los derechos humanos” se convierte en un recurso retórico, útil para justificar operaciones militares, pero descartable cuando se trata de proteger a quienes huyen de la violencia o la persecución.
En realidad, estas maniobras tienen poco que ver con la democracia y mucho con la geopolítica y el control de recursos. Venezuela, con sus reservas de petróleo y minerales estratégicos, sigue siendo un objetivo de las potencias que, en nombre de la libertad, buscan garantizarse el acceso privilegiado a sus riquezas.
Frente a ello, es necesario afirmar con claridad: ninguna nación tiene el derecho de decidir, mediante la fuerza, quién gobierna a otra. La democracia no se construye con portaaviones ni con marines en las fronteras; se construye desde dentro, con procesos políticos autónomos, por más imperfectos y conflictivos que sean.
La amenaza militar contra Venezuela no solo viola su soberanía, sino que refuerza la narrativa del miedo en los casos de asilo de miles de migrantes. Es una paradoja perversa: cuanto más amenaza EE.UU. con intervenir, más razones tienen los venezolanos en su territorio para demostrar que no pueden regresar, pero al mismo tiempo Washington endurece y mutila el derecho al asilo.
Al final, lo que queda al desnudo es la hipocresía imperial: se invoca la democracia mientras se socavan los principios básicos del derecho internacional; se habla de derechos humanos mientras se les niega a los migrantes; se acusa de dictadura al otro mientras se concentra el poder para imponer la voluntad propia.
El mundo debe tener claro que los problemas internos de Venezuela —como los de cualquier nación— deben resolverse en Venezuela, con diálogo y participación de los propios ciudadanos, no bajo la sombra de destructores en el Caribe ni con discursos moralistas desde Washington.
La democracia se defiende con soberanía, no con invasiones.
