Un comando unificado entre la PNP y las Fuerzas Armadas puede ser una apuesta necesaria ante una criminalidad que ya invade barrios, negocios y la vida cotidiana. Pero la contundencia del Estado no puede significar renunciar a la legalidad ni a los derechos de los ciudadanos.
El anuncio de la presidenta Keiko Fujimori de crear un comando unificado integrado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas marca un cambio importante en la estrategia del Gobierno frente a la delincuencia.
La estructura anunciada contempla 1,350 efectivos: 500 del Ejército, 250 de la Fuerza Aérea, 200 de la Marina, 80 de las Fuerzas Especiales Conjuntas y 320 policías de unidades especializadas. El centro de operaciones estaría en el Cuartel General del Ejército, en San Borja. RPP Noticias
El anuncio incluye además un grupo especial de élite para determinados operativos, intervención en establecimientos penitenciarios, fortalecimiento de la inteligencia e integración de instituciones como la UIF, la DINI y otras entidades vinculadas a las comunicaciones y la seguridad. RPP Noticias
La pregunta, sin embargo, no debería ser solamente si la medida es fuerte.
La pregunta verdaderamente importante es:
¿será eficaz?
EL PERÚ YA CONOCE LA VIOLENCIA
Nuestro país tiene memoria.
Hemos vivido décadas de violencia política, terrorismo, asesinatos, desapariciones, atentados y una respuesta estatal que, en determinados momentos, también estuvo acompañada de graves vulneraciones de derechos fundamentales.
Por eso, cuando se habla de sacar a las Fuerzas Armadas a enfrentar amenazas internas, la sociedad peruana tiene razones para ser especialmente cuidadosa.
La lucha contra el crimen no puede convertirse en una licencia para desconocer derechos.
Y eso no significa ser débiles frente a los delincuentes.
Todo lo contrario.
Un Estado fuerte es precisamente aquel que tiene la capacidad de enfrentar al criminal sin convertirse en aquello que combate.
La propia normativa peruana establece que, incluso en escenarios donde existe un Comando Unificado y participación de las Fuerzas Armadas en el control del orden interno, las actuaciones están sujetas a la Constitución, la ley y las reglas sobre uso de la fuerza y derechos humanos. Parlamento Peruano
PERO TAMPOCO PODEMOS QUEDARNOS DE BRAZOS CRUZADOS
Hay otra realidad que tampoco podemos ignorar.
La delincuencia común y el crimen organizado han dejado de ser un problema distante.
Están en el barrio, en la bodega, en el restaurante, en el transporte, en el pequeño taller, en la empresa, en el mercado, en la actividad económica, en la vida cotidiana.
El ciudadano que abre su negocio por la mañana y recibe una llamada extorsiva no está pensando en grandes teorías políticas. Está pensando en si podrá seguir trabajando.
El comerciante que paga una extorsión para evitar que maten a un trabajador no está discutiendo ideologías. Está intentando sobrevivir.
Y una sociedad que comienza a acostumbrarse al miedo corre el riesgo de perder algo todavía más importante que la seguridad: la libertad para vivir normalmente. Por eso, algo extraordinario tiene que hacerse.
CENTRALIZAR NO SIGNIFICA ABANDONAR LA DEMOCRACIA
Aquí aparece uno de los elementos más interesantes de la propuesta. Una guerra contra organizaciones criminales requiere dirección, inteligencia, coordinación y objetivos comunes.
Cuando diferentes instituciones operan sin una estrategia compartida, pueden aparecer duplicidades, pérdida de información, operaciones que se interfieren entre sí y responsabilidades difusas.
Incluso las normas peruanas ya contemplan que, en determinados estados de emergencia, la planificación, organización, dirección y conducción de las operaciones puedan realizarse bajo un Comando Unificado, con participación de la PNP. Congreso del Perú
Por eso, la discusión no debería ser simplemente: «¿Militares contra delincuentes?» Debería ser:
¿Cómo hacemos que todo el aparato del Estado funcione como una sola estrategia contra el crimen?
Ese es un problema mucho más complejo.
LA TECNOLOGÍA Y LA INTELIGENCIA PUEDEN SER MÁS IMPORTANTES QUE LA FUERZA
El crimen organizado no se combate solamente con más patrulleros ni con más soldados en las calles.
Se combate también siguiendo el dinero, Identificando las comunicaciones, Reconstruyendo redes. Detectando movimientos financieros, Interviniendo las estructuras logísticas, Identificando cabecillas, Conociendo sus rutas, Analizando información, Anticipándose a sus movimientos.
Por eso resulta relevante que el Gobierno haya planteado una mayor integración de inteligencia y tecnología dentro de la estrategia anunciada. RPP Noticias
La inteligencia puede permitir que el Estado golpee al crimen donde realmente duele: en su estructura.
Y eso es muy diferente a simplemente aumentar la presencia de uniformados en las calles.
BUKELE: UNA REFERENCIA, PERO NO UNA RECETA
Es inevitable que aparezca la comparación con El Salvador y Nayib Bukele. Pero el Perú no es El Salvador.
El tamaño, la población, la geografía, la estructura criminal, la economía, las instituciones y la propia dimensión territorial peruana hacen que cualquier comparación deba hacerse con cuidado.
Un país relativamente pequeño puede ejecutar determinadas estrategias con una concentración territorial y operativa que resulta mucho más difícil de trasladar automáticamente a una nación como el Perú.
Por eso, no necesitamos copiar modelos extranjeros. Necesitamos aprender de experiencias ajenas y construir una respuesta peruana.
Tomar lo que funciona. Descartar lo que no corresponde a nuestra realidad y sobre todo, evaluar resultados.
LA VOLUNTAD POLÍTICA TAMBIÉN CUENTA
Ninguna estrategia contra el crimen funciona solamente porque se anuncia en una ceremonia.
Se necesita presupuesto., equipamiento, personal preparado, inteligencia, coordinación entre instituciones, Fiscalías capaces de acompañar las operaciones, Jueces que procesen oportunamente, cárceles controladas, sistemas de comunicaciones seguros, tecnología y sobre todo, continuidad.
No sirve tener una gran operación durante tres meses y después abandonar la estrategia. El crimen organizado trabaja durante años. El Estado también debe tener una política de seguridad que pueda sostenerse durante años.
LA FUERZA DEL ESTADO TIENE QUE ESTAR ACOMPAÑADA POR LA LEY
Hay una frase del anuncio presidencial que merece ser tomada en serio: el respaldo a las fuerzas del orden está acompañado, según lo informado por el Gobierno, por exigencias de profesionalismo, legalidad, disciplina, reserva, respeto a la democracia y a los derechos humanos. RPP Noticias
Ese debería ser el contrato básico, Firmeza contra el delincuente, Garantías para el ciudadano.
No son conceptos incompatibles. Una cosa no elimina la otra. Al contrario: una democracia fuerte necesita ambas.
SI FUNCIONA, EL PAÍS LO AGRADECERÁ
En una situación de crisis, toda alternativa seria que busque recuperar la seguridad merece ser examinada.
Si esta estructura logra coordinar mejor a las instituciones, utilizar inteligencia, incorporar tecnología, desarticular organizaciones criminales y devolver tranquilidad a los ciudadanos, el país tendrá un problema menos.
Y eso sería una buena noticia, independientemente de quién haya propuesto la solución. La seguridad no debería tener color político. El ciudadano que deja de ser extorsionado no pregunta qué partido creó la estrategia. El empresario que vuelve a invertir no pregunta qué ideología tenía el ministro. La familia que puede caminar tranquila por su barrio tampoco. Los resultados son los que finalmente importan.
LA GRAN PRUEBA
La creación de un comando unificado puede ser una apuesta importante. Pero ahora comienza la verdadera prueba.
Habrá que ver si existe una estrategia clara. Si hay coordinación real. Si la inteligencia funciona. Si la tecnología se utiliza correctamente. Si las operaciones producen resultados. Si las investigaciones llegan a los responsables. Si las fiscalías y los jueces acompañan el esfuerzo.
Y si todo ello se desarrolla dentro de la Constitución y el respeto irrestricto de los derechos humanos.
Porque el Perú necesita recuperar la seguridad, pero también necesita preservar aquello que durante décadas nos costó tanto reconstruir: un Estado capaz de defender a sus ciudadanos sin dejar de ser un Estado democrático. Y quizás ese sea el verdadero desafío:
No se trata solamente de darle más fuerza al Estado. Se trata de conseguir que esa fuerza sea inteligente, coordinada, eficaz y legítima.
