Llama poderosamente la atención que equipos técnicos con amplia experiencia, como los vinculados a ProInversión y a la gestión de grandes proyectos de infraestructura, no hayan previsto con suficiente claridad el esquema de financiamiento de una obra tan costosa como imprescindible para el país: la Nueva Carretera Central. No se trata de un proyecto accesorio, sino de una vía estratégica para la integración territorial, la competitividad económica y la reducción de costos logísticos en el eje central del Perú.
Más preocupante aún resulta que, por razones que parecen responder más a formalidades administrativas que a un problema estructural con raíces en el país, se haya suspendido —por no decir prácticamente anulado— el contrato con la empresa francesa encargada del estudio y la ejecución del proyecto. Si bien las cláusulas anticorrupción deben aplicarse con firmeza, ello no puede traducirse en parálisis ni en la ruptura innecesaria de compromisos de Estado.
En ese sentido, resulta clave no romper los acuerdos de gobierno a gobierno entre Perú y Francia. Se trata de relaciones institucionales construidas durante décadas, que han permitido desarrollar proyectos bajo estándares técnicos elevados y con mecanismos de control más robustos que los de la contratación tradicional. Corregir lo que haya que corregir es no solo posible, sino obligatorio; abandonar el proyecto o debilitar la cooperación internacional sería un error estratégico.
La posición del presidente del Consejo de Ministros, al señalar que la Nueva Carretera Central “va de todas maneras”, apunta en la dirección correcta. Pero la voluntad política, por sí sola, no construye carreteras. Es indispensable definir con realismo cómo se financiará una obra que supera largamente los 14 mil millones de soles, en un país que no dispone de recursos ilimitados y que enfrenta múltiples demandas urgentes en salud, educación y seguridad.
En ese punto, las advertencias del Ministerio de Economía son claras y sensatas: una obra de esta magnitud no puede ejecutarse exclusivamente con presupuesto público sin poner en riesgo la estabilidad fiscal ni sacrificar otras inversiones prioritarias. El debate, entonces, no debería centrarse en si la carretera se hace o no, sino en cómo se estructura un modelo financiero viable y sostenible.
Para los futuros proyectos de infraestructura —y para este en particular— resulta imprescindible construir alternativas en las que el sector privado pueda participar tanto en la inversión como en la recuperación del capital en plazos razonables. Esquemas mixtos, asociaciones público-privadas u otros mecanismos innovadores no deben verse como concesiones ideológicas, sino como herramientas prácticas para cerrar brechas históricas.
El país tiene una agenda de infraestructura amplia y urgente, pero recursos limitados. Improvisar, postergar o romper acuerdos internacionales no hará sino encarecer los proyectos y retrasar sus beneficios. La Nueva Carretera Central exige decisiones firmes, técnicas y responsables. No hay margen para errores que el Perú ya no puede seguir pagando.
