A propósito del financiamiento público de los partidos políticos para la difusión de sus propuestas en los medios de comunicación, a través de la franja electoral, es necesario hacer una distinción clara entre el principio que la inspira y las distorsiones que se vienen observando en la práctica.
La franja electoral es, en esencia, una herramienta saludable para la democracia. Permite que todas las organizaciones políticas —no solo las grandes, no solo las mejor financiadas, no solo las vinculadas a poderosos intereses económicos— tengan la posibilidad de llegar al electorado. Sin este mecanismo, la competencia electoral estaría reservada exclusivamente para quienes cuentan con recursos propios o respaldo empresarial, profundizando aún más la desigualdad política.
Sin embargo, el caso reciente de Ciudadanos por el Perú (CPP) pone en evidencia cómo un instrumento pensado para democratizar la política puede ser utilizado de manera cuestionable, vaciándolo de contenido y afectando la confianza ciudadana. Resulta difícil de justificar que una organización política que ya había decidido retirarse del proceso electoral, y que no contaba con candidatos habilitados, haya destinado más de un millón seiscientos mil soles de recursos públicos a contrataciones en medios de comunicación.
Más grave aún es que estos recursos —provenientes del bolsillo de todos los peruanos— se hayan distribuido en medio de disputas internas, decisiones unilaterales y presuntos direccionamientos, generando la sensación de que la franja electoral fue tratada más como un botín administrativo que como un instrumento democrático.
Este tipo de episodios alimenta el escepticismo ciudadano y refuerza la percepción de que los partidos políticos no están a la altura de la responsabilidad que se les confía. La franja electoral no puede convertirse en una caja chica ni en un mecanismo para beneficiar a empresas específicas, personas naturales o redes cercanas al poder partidario.
El problema de fondo no es el financiamiento público en sí, sino la debilidad de los controles, la falta de sanciones oportunas y la precariedad de la cultura política. Cuando no existen consecuencias claras, el incentivo a abusar del sistema se vuelve demasiado alto.
Si no se corrigen estas prácticas, el riesgo es evidente: que la ciudadanía termine rechazando no solo a los partidos irresponsables, sino también los mecanismos que buscan equilibrar la competencia electoral. Y sin financiamiento público, la política quedaría definitivamente capturada por los grandes capitales y los conglomerados empresariales.
El desafío, entonces, es doble. Por un lado, defender la franja electoral como un pilar de equidad democrática. Por otro, fortalecer los mecanismos de fiscalización, transparencia y sanción para evitar que vuelva a ser utilizada de manera indebida.
La democracia necesita reglas claras, pero sobre todo actores políticos que las respeten. Sin eso, cualquier sistema —por bien diseñado que esté— termina siendo vulnerado. Y el costo, una vez más, lo paga el país.
