En el Perú de hoy, donde el miedo y el cálculo político parecen regir las decisiones de muchas instituciones, la decisión de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, de solicitar a la Corte Suprema la declaratoria de ilegalidad del partido Fuerza Popular merece ser reconocida como un acto de coraje cívico.
No es un secreto que el fujimorismo mantiene un poder considerable en el Congreso de la República y que, desde allí, ejerce influencia sobre el Gobierno, el Poder Judicial y, en parte, el propio Ministerio Público. En un país donde el “cuidado del futuro político” suele traducirse en silencio o complicidad, Espinoza ha optado por romper el patrón de la complacencia.
Un pedido que sacude el tablero político
El documento de más de 300 páginas presentado por la Fiscalía sostiene que Fuerza Popular ha incurrido en prácticas sistemáticas que atentan contra el orden democrático: ataques contra magistrados, funcionarios públicos, opositores y periodistas, además de acciones que, en la interpretación de la fiscal, legitiman la violencia política.
Especialistas en derecho electoral, como José Naupari, han recordado que la Ley de Organizaciones Políticas contempla la posibilidad de declarar ilegal a un partido por conductas antidemocráticas, siempre que estas sean sistemáticas y busquen atentar contra derechos fundamentales. Naupari ha enfatizado que este proceso es independiente del cronograma electoral y que será el Poder Judicial, y no el Ejecutivo ni el Congreso, el que deberá pronunciarse.
La reacción previsible del fujimorismo
La respuesta de Keiko Fujimori y su bancada no se hizo esperar: acusaciones de “cortina de humo” y de persecución política. La estrategia es conocida: convertir cualquier cuestionamiento en una afrenta contra ellos, intentar deslegitimar a la institución que los investiga y movilizar su aparato mediático para polarizar la discusión.
Sin embargo, el penalista Luis Lamas Puccio ha sido claro: la Fiscalía está actuando dentro de sus atribuciones, y no se trata de un capricho ni de una movida arbitraria. Lo que corresponde ahora es que la Corte Suprema evalúe el caso con celeridad para evitar que la controversia se utilice como arma de campaña.
Medios silentes y el miedo al castigo
Un aspecto preocupante es el silencio de buena parte de los medios de comunicación tradicionales, que han optado por cubrir el caso de manera tibia o marginal, probablemente para evitar represalias futuras si Fuerza Popular mantiene su hegemonía en el Congreso. Esta autocensura mediática es una forma de chantaje político pasivo que, en el fondo, erosiona la democracia tanto como las prácticas que se denuncian.
Un llamado a la ciudadanía
El valor de la fiscal Espinoza no debe pasar desapercibido. Su decisión envía un mensaje potente: las instituciones del Estado no están condenadas a someterse al poder político de turno. Hoy es Fuerza Popular; mañana podría ser cualquier otra organización que actúe contra los principios democráticos.
La ciudadanía debe estar atenta. No se trata de defender a una fiscal en particular, sino de respaldar la autonomía de las instituciones que garantizan el Estado de derecho. Si normalizamos que un partido pueda intimidar jueces, fiscales y periodistas sin consecuencias, estaremos renunciando al mínimo estándar democrático.
Conclusión
El pedido de la fiscal de la Nación marca un precedente histórico. No sabemos si la Corte Suprema declarará ilegal a Fuerza Popular, pero sí sabemos que esta acción ha puesto sobre la mesa un debate urgente: ¿queremos un sistema político que tolere la violencia, el chantaje y el ataque sistemático a las instituciones?
En tiempos en que muchos prefieren callar, Espinoza ha optado por hablar. Y en el Perú actual, eso es un acto de valentía.
