Tomar nota de las amenazas del líder de Renovación Popular no es una opción: es una obligación periodística.
Renovación Popular, del exalcalde de Lima es investigado por sus vínculos con las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht en contratos municipales, durante la gestión del líder de Solidaridad Castañeda Losio, ahora como si no tuviera nada que ver con esa vínculos su líder ha vuelto a cruzar una línea peligrosa para la democracia peruana: amenazar abiertamente a un periodista por su trabajo de investigación.
Durante un acto proselitista en Piura, difundido a través de su canal de YouTube, López Aliaga afirmó que, de llegar a la presidencia, ordenará a la Procuraduría General del Estado iniciar un proceso por “organización criminal” contra Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros.
“Uno de los primeros casos va a ser la Organización Criminal IDL, Gorriti and Friends”, declaró, basándose —según dijo— en información “vista en redes sociales”.
No se trata de una declaración aislada ni de un exceso verbal. Es parte de una conducta reiterada que busca intimidar, desacreditar y silenciar a quienes denuncian abusos de poder y corrupción.
En septiembre del año pasado, cuando aún ejercía como alcalde de Lima, López Aliaga calificó a Gorriti como “el gran enemigo del Perú” y llegó a sugerir que debía “salir del país”. En un acto público incluso propuso la reinstauración de tribunales militares para juzgarlo, afirmando que era un “objetivo militar”.
Estas declaraciones no solo fueron irresponsables: pusieron en riesgo la integridad personal del periodista.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) repudió entonces sus palabras y advirtió que constituían un grave atentado contra la libertad de prensa. A este pronunciamiento se sumaron la Asociación Nacional de Periodistas, el Consejo de la Prensa Peruana y el Instituto Prensa y Sociedad, alertando que el Perú atraviesa uno de los periodos más peligrosos para el ejercicio del periodismo.
Desde 2019, Gorriti ha sido objeto de hostigamiento, campañas de difamación y amenazas. En 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares al considerar que enfrentaba un alto riesgo.
El problema de fondo: poder sin límites
Lo verdaderamente alarmante no es solo la amenaza en sí, sino desde dónde se formula. López Aliaga no habla como un ciudadano cualquiera: lo hace como líder político con influencia real, aliado a sectores que hoy controlan el Congreso y que han condicionado al Ejecutivo, primero durante el gobierno de Dina Boluarte y ahora en el actual escenario político.
Utilizar la eventual presidencia para perseguir periodistas, presionar a la Procuraduría o condicionar a la Fiscalía no es solo un abuso de poder: es el esbozo de un proyecto autoritario.
Cuando un político anuncia que usará el aparato del Estado para castigar a quien investiga y denuncia, lo que está en juego no es una persona, sino el derecho de la sociedad a estar informada.
El deber del periodismo
Denunciar estas amenazas no es tomar partido político. Es cumplir con el deber esencial del periodismo: poner límites al poder, visibilizar la intolerancia y advertir sobre los riesgos de normalizar el abuso.
Hoy el blanco es Gustavo Gorriti. Mañana puede ser cualquier periodista, medio independiente o ciudadano incómodo.
Callar frente a esto sería complicidad.
