La figura de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente se ha convertido en uno de los mayores factores de inestabilidad política del Perú. Concebida originalmente como un mecanismo excepcional, hoy funciona como un cajón de sastre que permite casi cualquier interpretación, siempre que exista una mayoría congresal dispuesta a darle forma. No se requiere prueba sólida, proceso garantista ni estándares objetivos: basta el número de votos.
Este uso discrecional ha vaciado de contenido jurídico la norma y la ha transformado en un instrumento de arbitrariedad política, utilizado para resolver en el Congreso lo que no se logró en las urnas. La consecuencia ha sido devastadora: presidentes sometidos a chantaje permanente, gobiernos debilitados desde el primer día y una ciudadanía que ve cómo su decisión electoral puede ser revertida por negociaciones opacas y cálculos de poder.
En ese contexto, Fernán Altuve-Febres, candidato a la Primera Vicepresidencia y al Senado por Avanza País, ha puesto sobre la mesa un debate necesario: la urgencia de modificar la figura de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, vigente desde el siglo XIX pero profundamente desnaturalizada en las últimas décadas.
Altuve advierte que este mecanismo se ha convertido en una suerte de destitución exprés, capaz de remover a un jefe de Estado en 48 horas, sin debido proceso, sin derecho efectivo a la defensa y sin criterios objetivos previamente definidos. Su crítica no es ideológica, sino institucional: ninguna democracia puede sostenerse si el mandato presidencial carece de protección mínima frente al capricho parlamentario.
El problema no es solo jurídico, sino estructural. La ambigüedad del concepto “incapacidad moral” permite que se confundan faltas éticas, errores políticos, investigaciones preliminares o simples discrepancias con causales de destitución. Así, la figura presidencial queda expuesta a una presión constante que incentiva la conspiración, el oportunismo y el bloqueo sistemático.
Reformar esta norma no implica blindar al presidente ni tolerar la impunidad. Implica precisar requisitos, establecer estándares probatorios, garantizar plazos razonables y asegurar el debido proceso, de modo que la vacancia vuelva a ser una excepción extrema y no una herramienta de uso cotidiano.
De no hacerlo, el país seguirá atrapado en un ciclo de inestabilidad crónica, donde la política se resuelve al margen de la voluntad popular y el Congreso actúa como poder destituyente sin contrapesos. La figura presidencial —guste o no quien la encarne— debe ser protegida institucionalmente, porque lo que está en juego no es una persona, sino la legitimidad del sistema democrático.
Mientras las ambiciones políticas que no se resolvieron en las urnas sigan encontrando salida en la vacancia exprés, el Perú continuará viviendo en un estado de provisionalidad permanente. Reformar esta figura no es una concesión al poder: es una obligación con el electorado y con la democracia.
