En el Perú, las elecciones ya no solo se disputan en las calles o en los debates, sino en los pasillos de los organismos electorales, donde una herramienta diseñada para garantizar la transparencia –las tachas– se ha convertido en un arma política para eliminar rivales incómodos.
La reciente denuncia de la alianza Venceremos contra Avanza País pone en evidencia esta práctica. Según la coalición de izquierda, las tachas presentadas en su contra no buscan defender la legalidad, sino impedir su inscripción antes del 2 de septiembre, con el único propósito de sacarlos de la competencia electoral. No sería la primera vez: organizaciones como Adelante Pueblo Unido, Unidad Popular y Runa ya han sufrido el mismo modus operandi.
El procedimiento es conocido: se espera hasta el último día para interponer la tacha, se omiten requisitos para forzar demoras, se apela en el límite del plazo y se reincide en errores formales, obligando al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a resolver contra el tiempo. Una suerte de secuestro del proceso que desnuda el lado oscuro del reglamento electoral.
Frente a ello, el JNE ha admitido la existencia de “tachas maliciosas” y ha recordado que, según el artículo 73 del Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas, la DNROP puede declarar improcedentes estas maniobras sin necesidad de audiencia. Incluso ha anunciado que presentará denuncias ante la Fiscalía para frenar estas conductas. Es un paso necesario, pero insuficiente si no se traduce en sanciones ejemplares.
Porque lo que está en juego no es un trámite administrativo, sino el derecho fundamental a la participación política. Cuando partidos buscan ganar elecciones borrando a sus adversarios del padrón en vez de convencer al ciudadano con ideas, estamos frente a un fraude encubierto por formalismos.
Las reglas son indispensables, pero su manipulación calculada es veneno para la democracia. Hoy es Venceremos, ayer fue otra organización, mañana puede ser cualquier fuerza política. Si este patrón se repite sin consecuencias, los comicios de 2026 estarán marcados no por la competencia abierta, sino por la exclusión silenciosa.
La ciudadanía merece votar en elecciones limpias, con todas las opciones en la mesa. Eliminar a los rivales con papeles, recursos maliciosos y tecnicismos es un golpe bajo que erosiona la legitimidad del sistema electoral.
En democracia, se gana convenciendo al pueblo, no tachando al adversario.
