Como era previsible, Renovación Popular, el partido de Rafael López Aliaga, recibió una resolución benevolente por parte del Jurado Electoral Especial (JEE), pese a la existencia de infracciones claras y objetivamente cuestionables en su proceso de elecciones internas.
El mensaje es inequívoco: cuando se trata de organizaciones con poder político real, las tachas no prosperan. Y no porque no existan argumentos, sino porque el sistema electoral —buscando palabras, interpretaciones supletorias y recovecos legales— decide mirar hacia otro lado.
Legalismo creativo para los fuertes
El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 declaró infundadas las dos tachas presentadas contra la plancha presidencial de Renovación Popular, bajo el argumento de que no se acreditó infracción electoral en sus comicios internos.
Las tachas sostenían que el partido utilizó una modalidad distinta a la establecida en su propio estatuto, vulnerando la democracia interna. Sin embargo, el JEE aceptó que la ONPE aplicara de manera “supletoria” el artículo 24 de la Ley de Organizaciones Políticas para “integrar un vacío normativo”, validando así un procedimiento que, en los hechos, no estaba contemplado estatutariamente.
Es decir, cuando hay poder de por medio, el sistema electoral interpreta, flexibiliza y convalida.
El contraste: cuando no hay poder, hay exclusión
La situación contrasta de manera brutal con lo ocurrido con Primero la Gente y la candidatura de Marisol Pérez Tello. En este caso, el sistema ha optado por la rigidez extrema, dejando fuera la candidatura pese a que las omisiones y deficiencias no fueron atribuibles al partido, sino a ineficiencias del propio sistema electoral.
Aquí no hubo interpretación supletoria, ni lectura favorable, ni integración de vacíos. Hubo castigo político bajo la forma de tecnicismo legal.
El mensaje vuelve a ser claro:
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a los fuertes, se les acomoda la norma;
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a los débiles, se les aplica con dureza quirúrgica.
El problema no es solo jurídico, es político
Formalmente, el JEE sostiene que no existió nulidad automática porque la ley no la contempla expresamente. Políticamente, el problema es otro: la aplicación desigual de los criterios electorales erosiona la confianza en el sistema democrático.
Cuando los organismos electorales actúan como árbitros flexibles con los poderosos y severos con los emergentes, el principio de igualdad ante la ley se vacía de contenido.
El aval posterior del Jurado Nacional de Elecciones no resuelve el problema de fondo: la percepción —cada vez más extendida— de que la cancha electoral no es pareja.
Democracia administrada y competencia condicionada
No se trata de defender a un partido u otro. Se trata de advertir que la democracia no puede sostenerse con criterios cambiantes según el peso político del actor involucrado.
Si los organismos electorales comienzan a funcionar como administradores del equilibrio de poder en lugar de garantes imparciales de las reglas, lo que se consolida no es la institucionalidad, sino una democracia administrada, donde competir depende menos del cumplimiento de la ley y más de la capacidad de presión política.
Cierre: una advertencia necesaria
Lo ocurrido con Renovación Popular y Primero la Gente no es un hecho aislado. Es una señal de alerta sobre cómo se está configurando el proceso electoral rumbo al 2026.
Una democracia donde las reglas se interpretan según quién las incumple no es una democracia sólida, sino una democracia vulnerable, funcional a los poderes establecidos y hostil a las opciones emergentes.
Y cuando la ciudadanía percibe que el árbitro no es neutral, el daño ya no es legal: es político y estructural.
