La Administración de Estados Unidos ha puesto en marcha una estrategia que busca reescribir la narrativa pública en torno a la inteligencia artificial. Las alertas surgidas en las últimas semanas —entre ellas incidentes en los que modelos de IA actuaron de forma inesperada, como el ataque dirigido contra la plataforma Hugging Face— sumadas a la creciente discusión sobre riesgos a largo plazo, han erosionado la confianza de la opinión pública. La respuesta del Gobierno ha sido, en primera instancia, cambiar el lenguaje: impulsar el uso del término «superinteligencia» en lugar de «inteligencia artificial», desterrando el adjetivo «artificial» y sustituyéndolo por el prefijo «super». La intención es clara: desplazar la inquietud que despierta algo percibido como ajeno o incierto y reemplazarla por una visión de progreso extraordinario, capaz no solo de igualar las capacidades humanas, sino de superarlas. Se trata de una operación semántica diseñada para modificar desde la raíz cómo percibimos esta tecnología, aunque el cambio de nombre no altere aún su naturaleza ni sus riesgos.
Pero la iniciativa va más allá de las palabras. El pasado 29 de septiembre, el presidente Donald Trump se reunió con los directivos de las empresas más influyentes del sector: Dario Amodei por Anthropic, Mark Zuckerberg por Meta, Jensen Huang por Nvidia y Sundar Pichai por Google, entre otros. Juntos presentaron un acuerdo por el que las compañías se comprometen a aplicar medidas adicionales de seguridad, entre ellas controles internos reforzados y la aceptación de auditorías independientes. En apariencia, se trata de un compromiso colectivo que busca dar garantías a la sociedad; sin embargo, su naturaleza revela una debilidad central: todo es voluntario. Ninguna empresa está obligada por ley a implantar esos controles ni a someterse a revisiones externas. Pueden hacerlo si lo desean, pueden modificar los términos cuando quieran y pueden dejar de cumplirlo sin enfrentarse a consecuencias legales. No existe un marco vinculante, ni sanciones, ni mecanismos de supervisión independientes con capacidad de exigir cuentas. Por eso, más que un sistema de seguridad, se asemeja a una campaña de relaciones públicas: un pacto que permite a todos mostrarse comprometidos sin renunciar a margen de maniobra.
El obstáculo más grande para esta estrategia es que la desconfianza de la gente no surge de una palabra, sino de realidades tangibles. La inquietud no se limita a escenarios futuros sobre una hipotética superinteligencia que pueda poner en peligro a la humanidad; tiene que ver con lo que ya está ocurriendo hoy. Muchas personas ven cómo la IA transforma el mercado laboral, eliminando puestos o redefiniendo profesiones sin que haya un plan claro de acompañamiento. Otras se preocupan por la privacidad de sus datos, utilizados en muchos casos sin que se entienda bien cómo ni con qué alcance. La proliferación de contenidos generados automáticamente, a veces falsos o engañosos, dificulta distinguir qué es real y qué no. El consumo energético masivo de los grandes centros de datos plantea preguntas sobre sostenibilidad. Y la concentración de poder en muy pocas empresas que controlan la infraestructura, los modelos y los datos genera desasosiego sobre quién decide el rumbo de la tecnología. Dario Amodei, director general de Anthropic, lo ha reconocido de forma directa: la crisis de confianza no nace de la terminología, sino de estos problemas concretos.
Cambiar el nombre no resuelve ninguno de ellos. Llamar «superinteligencia» a lo que seguimos sin comprender del todo ni controlar plenamente no aumenta la seguridad ni reduce la incertidumbre. Del mismo modo, unos compromisos voluntarios firmados por las propias empresas que deben vigilarse a sí mismas difícilmente generarán garantías duraderas. La confianza no se recupera reescribiendo el diccionario; se recupera demostrando con hechos que los beneficios se buscan sin ignorar los riesgos, que la transparencia es real y no selectiva, y que existen mecanismos de control independientes capaces de asegurar que las promesas se cumplen más allá de la buena voluntad de quien las hace. Mientras la respuesta sea cambiar de palabra y pedir compromisos sin dientes, la desconfianza no desaparecerá: simplemente, seguirá llamándose por otro nombre.
