Junio y julio son dos meses decisivos para casi 300.000 estudiantes en España, que se enfrentan a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). En muchas aulas, esta evaluación se realiza con medidas de vigilancia reforzadas para prevenir el fraude, especialmente ante el uso de herramientas tecnológicas y la inteligencia artificial. La principal novedad son los detectores de radiofrecuencia, unos aparatos diseñados para localizar dispositivos ocultos, aunque es importante diferenciarlos de los inhibidores de señal: mientras estos últimos bloquean las comunicaciones, los detectores solo se encargan de identificarlas cuando están cerca.
Según explica Héctor Esteban, catedrático de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia, se trata de dispositivos muy económicos —de unos 10 o 12 euros— capaces de rastrear un amplio espectro que incluye WiFi, Bluetooth y redes 3G, 4G y 5G. De tamaño similar al de un bolígrafo, avisan de la presencia de señales mediante un pitido o vibración, lo que permite a los docentes llevarlos discretamente. Su objetivo principal no es tanto detectar teléfonos móviles convencionales, sino localizar tecnología difícil de ver a simple vista, como micropinganillos o gafas con IA generativa, que permiten obtener respuestas de forma externa o mediante chatbots, tal como señala la vicerrectora de Estudiantes de la Universidad Complutense, Rosa de la Fuente.
Esta medida no se aplica de forma uniforme en todo el país: las seis universidades públicas de Madrid fueron las primeras en estrenarla para sus más de 42.000 alumnos, y posteriormente se han sumado comunidades como Galicia, Murcia, Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares o el País Vasco. Además, los aparatos rotan por las sedes y no están presentes en todas las aulas ni en todos los exámenes. Si salta la alerta, el examen se marca y el alumno sigue con la prueba, quedando el caso a estudio del tribunal. Las sanciones varían según la región: en Madrid van desde dejar constancia sin afectar la nota hasta anular toda la Selectividad, mientras que en centros como la Universidad Politécnica de Valencia el criterio es más estricto, pudiendo suspender la asignatura incluso si se encuentra un móvil apagado.
