En el Perú existe un viejo reflejo que parece repetirse cada vez que cambia el poder. No importa quién gane las elecciones. Apenas se conoce al nuevo inquilino de Palacio de Gobierno, comienza un silencioso desfile de políticos, funcionarios, magistrados, fiscales, empresarios, medios de comunicación y personajes públicos que buscan acomodarse al nuevo escenario.
Es la conocida política de la franela, del aplauso oportunista y de las rodillas dobladas ante quien concentrará el poder durante los próximos cinco años.
La reciente suspensión del juez Richard Concepción Carhuancho, precisamente el magistrado que ordenó la prisión preventiva de Keiko Fujimori en el denominado caso Cócteles, ha reabierto un debate que trasciende su situación personal. El propio magistrado sostiene que la sanción tiene motivaciones políticas y recuerda que las resoluciones que dictó fueron confirmadas por instancias superiores, incluida la Corte Suprema. La Junta Nacional de Justicia, por su parte, sostiene que la medida responde a un procedimiento disciplinario. Ambos son hechos que forman parte del debate público.
Lo que resulta inevitable es observar el contexto político.
Keiko Fujimori aún no ha asumido oficialmente la Presidencia de la República y, sin embargo, empiezan a producirse hechos que muchos interpretan como señales de reacomodo dentro de diversas instituciones del Estado.
En la historia política existe una antigua expresión atribuida a la época del Imperio romano: «Aquí tienes la cabeza de tu enemigo». Representa la actitud de quienes, buscando congraciarse con el nuevo gobernante, procuran anticiparse a sus deseos ofreciendo sacrificios políticos o simbólicos, aun cuando nadie se los haya solicitado expresamente.
No corresponde afirmar que exista una coordinación o una orden para actuar de esa manera. No hay pruebas que permitan sostenerlo. Pero la sucesión de acontecimientos alimenta esa percepción en un sector importante de la opinión pública.
Ese comportamiento no sería una novedad en el Perú.
Durante décadas hemos visto cómo numerosas autoridades modifican repentinamente sus posiciones según quién ocupe el poder. Lo que ayer parecía una investigación firme puede convertirse mañana en un expediente olvidado. Quienes antes mostraban independencia terminan buscando cercanía con el nuevo gobierno. No siempre por convicción, sino por cálculo, temor o simple supervivencia institucional.
La fortaleza de una democracia no se mide únicamente por la existencia de elecciones libres. También depende de la independencia de sus jueces, fiscales, organismos constitucionales y entidades de control. Cuando esas instituciones comienzan a actuar bajo la sombra del poder político —o cuando la ciudadanía percibe que lo hacen—, la confianza en el Estado se deteriora profundamente.
Si los funcionarios públicos empiezan a tomar decisiones pensando en agradar al gobierno de turno antes que en cumplir la ley, la democracia deja de sostenerse sobre instituciones y empieza a depender de personas.
El Perú necesita justamente lo contrario.
Necesita jueces que no teman investigar a quien gobierna; fiscales que no calculen el costo político de sus decisiones; organismos de control que actúen con la misma firmeza frente a cualquier administración, y una prensa que fiscalice al poder sin convertirse en su vocera ni en su adversaria permanente.
La verdadera independencia institucional comienza cuando los funcionarios dejan de arrodillarse ante el poder y recuerdan que su única lealtad debe ser con la Constitución y con los ciudadanos.
Porque la historia demuestra que los gobiernos pasan. Las instituciones permanecen. Y cuando estas se ponen de rodillas frente al poder político, es la democracia la que termina pagando el precio.
