Panama Papers y la sombra sobre la moral política de Lima
Cuando los Panama Papers salieron a la luz en 2016, el mundo descubrió una verdad incómoda: las fortunas ocultas, las empresas fantasma y las cuentas en paraísos fiscales no eran patrimonio exclusivo de millonarios extravagantes o magnates petroleros. Políticos de todos los continentes aparecían en la filtración, algunos justificando sus operaciones como “legales”, otros negándolo todo… y varios, enfrentando procesos judiciales.
Hoy, esa historia vuelve a tocar a nuestra puerta, con un protagonista que todos conocemos: el actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. El Ministerio Público ha pedido al Poder Judicial ampliar 36 meses más la investigación preparatoria en su contra por presunto lavado de activos vinculado a sociedades offshore reveladas en los Panama Papers. Las empresas en cuestión —creadas en Panamá y en Nevada, Estados Unidos— habrían servido para mover capitales fuera del país, de manera opaca y sin el escrutinio que exige la ética pública.
La defensa del alcalde insiste en que todo fue legal. Pero aquí surge la pregunta que debería importarnos como ciudadanos: ¿es moralmente aceptable que una autoridad política —que hoy administra la capital de un país golpeado por la inseguridad, la corrupción y la desconfianza— haya movido dinero en secreto al extranjero mediante estructuras diseñadas para ocultar propietarios y operaciones?
El debate no es técnico, es de valores.
Un político que pide a los limeños confianza y sacrificio no puede, al mismo tiempo, tener un historial financiero marcado por la opacidad. No basta con cumplir la ley al pie de la letra: la integridad de un líder se mide también por su voluntad de rendir cuentas sin que un periodista, un fiscal o una filtración internacional lo obliguen.
El caso es aún más inquietante por el contexto político. Hoy, el Congreso y sus aliados controlan buena parte de los contrapesos institucionales. En un escenario así, no es descabellado temer que esta investigación termine, como tantas otras, “pasando por agua tibia”. Y si eso ocurre, el mensaje será devastador: que en el Perú el poder político es un escudo contra la transparencia.
Los Panama Papers nos enseñaron que la frontera entre lo legal y lo ético puede ser demasiado ancha, y que en ese vacío se pierden millones en impuestos, oportunidades y confianza ciudadana. Ahora, los limeños tenemos que decidir si aceptamos que quien gobierna nuestra ciudad haya jugado en ese terreno.
Porque en política, como en la vida, no basta con no ser ilegal. Hay que ser íntegro. Y esa es una lección que, lamentablemente, muchos prefieren olvidar.
