Keiko Fujimori no tiene mayoría aplastante en el Congreso. Por eso necesita política, no imposiciones; acuerdos concretos, no un cheque en blanco.
El Gobierno de Keiko Fujimori anunció desde el 28 de julio que solicitaría al Congreso facultades legislativas para enfrentar, principalmente, la inseguridad ciudadana y los efectos del fenómeno El Niño. Sin embargo, casi tres semanas después, el proyecto todavía no ha sido presentado.
Las explicaciones cambian según el ministro consultado.
Primero se dijo que estaría listo la primera semana de agosto. Después se habló de la semana del 10 al 16. Ahora el ministro de Justicia habla de mediados de la próxima semana, mientras que el titular de Defensa calcula que podría tardar menos de un mes.
Esta demora no es necesariamente mala.
Lo malo sería que el Gobierno no esté utilizando este tiempo para construir un pedido políticamente viable.
Porque hay una realidad que el Ejecutivo debe asumir desde el comienzo: no tiene una mayoría aplastante en el Congreso.
Y si pretende recibir facultades para legislar en materias tan sensibles como seguridad, legislación laboral, formalización, lucha contra la criminalidad y otras reformas, tendrá que convencer a una oposición que, previsiblemente, no le entregará fácilmente esa prerrogativa.
Las facultades no son un cheque en blanco
El artículo 104 de la Constitución establece que el Congreso puede delegar en el Ejecutivo la facultad de legislar mediante decretos legislativos, pero únicamente sobre materias específicas y por un plazo determinado.
Por tanto, el Gobierno debería abandonar cualquier expectativa de recibir una delegación amplia y genérica.
La oposición tiene derecho a fiscalizar.
El Congreso tiene derecho a discutir, modificar y limitar el pedido.
Y el Ejecutivo tiene la obligación de explicar exactamente qué quiere cambiar, por qué lo quiere cambiar, durante cuánto tiempo y cuáles serán los resultados esperados.
Eso no debilita al Gobierno.
Por el contrario, puede fortalecerlo.
La estrategia debería ser negociar por resultados
Si el Ejecutivo sabe que no tiene los votos suficientes para obtener todo lo que quiere, debería presentar un pedido quirúrgico.
No veinte materias.
No una lista interminable de reformas.
No una delegación que permita modificar prácticamente todo.
Un paquete limitado de medidas urgentes, con objetivos concretos, plazos definidos y mecanismos de control.
Por ejemplo:
Seguridad ciudadana
Solicitar facultades exclusivamente para modificar las normas que realmente obstaculizan la lucha contra el crimen organizado, la extorsión, el sicariato, el tráfico de armas, el lavado de activos y las nuevas modalidades criminales.
Pero acompañar cada propuesta con una explicación:
¿Qué problema resuelve?
¿Qué norma se modifica?
¿Qué resultado se espera?
¿En cuánto tiempo?
Eso permitiría que la oposición cuestione cada medida, pero también que tenga dificultades para rechazar todo el paquete sin explicar por qué.
El Gobierno también debe escuchar al Congreso
La ministra o el ministro no debería llegar al Parlamento diciendo:
«Necesitamos facultades porque tenemos urgencia.»
Eso no basta.
Debería llegar diciendo:
«Estas son las diez normas que necesitamos modificar. Estas son las razones. Estos son los límites. Este es el plazo. Y estamos dispuestos a incorporar las observaciones del Congreso.»
Eso se llama política.
Y probablemente sea mucho más efectivo que intentar imponer una visión desde Palacio.
Pero hay algo todavía más importante: gobernar con las leyes que ya existen
Aquí el Gobierno tiene que ser absolutamente claro.
No tener facultades delegadas no significa estar paralizado.
El Ejecutivo ya tiene competencias constitucionales y legales para administrar el Estado, ejecutar políticas públicas, coordinar a la Policía y las Fuerzas Armadas dentro del marco constitucional, combatir el crimen mediante las instituciones existentes, perseguir la corrupción administrativa, mejorar la gestión pública y hacer cumplir las leyes vigentes.
La Constitución reserva al Congreso la función legislativa, pero el Ejecutivo tiene un enorme campo de acción administrativo y reglamentario. El propio artículo 102 reconoce al Congreso su función legislativa y de fiscalización, mientras que el Ejecutivo debe ejecutar las leyes y administrar el aparato estatal.
Por eso, no sería aceptable que dentro de algunos meses el Gobierno explique sus malos resultados diciendo que «el Congreso no nos dio facultades».
Las facultades pueden ayudar.
Pero no pueden convertirse en una excusa.
La seguridad no puede esperar una ley nueva para empezar a funcionar
El Gobierno ha colocado la inseguridad ciudadana como una de sus prioridades.
Entonces debe actuar con las herramientas disponibles.
La Policía necesita inteligencia.
Necesita coordinación.
Necesita información criminal integrada.
Necesita capacidad de investigación.
Necesita fiscales especializados.
Necesita jueces que puedan procesar oportunamente los casos.
Necesita recuperar territorios dominados por organizaciones criminales.
Necesita atacar el dinero del crimen.
Y necesita una estrategia contra la extorsión que no se limite a declarar estados de emergencia.
Muchas de esas cosas no requieren necesariamente una delegación legislativa.
Lo mismo ocurre con la lucha contra la corrupción.
El Gobierno puede fortalecer controles internos, mejorar sistemas de contratación, transparentar información, reorganizar procedimientos, utilizar herramientas digitales, fortalecer auditorías y exigir resultados a los funcionarios.
Si una determinada reforma requiere modificar una ley, entonces que se solicite al Congreso.
Pero si puede hacerse con las normas existentes, hay que hacerlo inmediatamente.
El fenómeno El Niño tampoco puede convertirse en una justificación permanente
El argumento de la urgencia climática puede ser legítimo.
Pero precisamente por tratarse de una emergencia, el Gobierno debería presentar un paquete perfectamente delimitado:
obras prioritarias, contratación rápida, prevención, presupuesto, supervisión y mecanismos anticorrupción.
El país ya ha vivido demasiadas veces la combinación de emergencia + grandes presupuestos + controles débiles.
Esta vez la urgencia debe ir acompañada de transparencia.
Porque acelerar una obra no significa eliminar los controles.
La oposición tampoco debería caer en el obstruccionismo
Pero también hay una responsabilidad del Congreso.
Si el Ejecutivo presenta un pedido razonable, limitado y técnicamente sustentado, la oposición no debería rechazarlo simplemente porque proviene del Gobierno de Keiko Fujimori.
La fiscalización no significa obstrucción.
La oposición puede decir:
«Estas cinco facultades sí. Estas tres no. Estas otras, por seis meses y con estas condiciones.»
Eso sería política responsable.
El artículo 104 permite precisamente una delegación específica y temporal.
Por eso, el Congreso tampoco debería utilizar su poder para impedir que el Ejecutivo haga frente a problemas que requieren rapidez.
El Gobierno necesita aprender a negociar
El problema central, entonces, no es que el pedido esté demorando unos días más.
El problema sería que el Gobierno todavía no haya entendido que gobierna sin mayoría absoluta y necesita construir mayorías para cada reforma importante.
Eso exige diálogo con las bancadas.
Exige escuchar a especialistas.
Exige conversar con empresarios y trabajadores.
Exige consultar a gobiernos regionales y municipales cuando corresponda.
Y exige explicar al país qué pretende hacer.
No basta con decir:
«Necesitamos facultades.»
Hay que responder:
¿Para qué?
¿Para modificar qué leyes?
¿Durante cuánto tiempo?
¿Con qué límites?
¿Qué resultados producirán?
¿Cómo se fiscalizará su aplicación?
La verdadera prueba del Gobierno
El Gobierno de Keiko Fujimori tiene una oportunidad.
Puede convertir el pedido de facultades en la primera gran prueba de su capacidad política.
Si intenta imponer un paquete demasiado amplio, probablemente encontrará resistencia.
Si presenta un pedido confuso, será difícil obtener respaldo.
Si incluye temas sensibles —como derechos laborales— sin haber construido previamente consensos, abrirá innecesariamente otro frente político.
Pero si presenta un paquete pequeño, concreto, urgente, técnicamente sustentado y negociable, puede conseguir una parte importante de lo que necesita.
Y mientras negocia, debe gobernar.
Porque el Perú no puede esperar.
Las facultades legislativas pueden acelerar las reformas.
No pueden reemplazar la capacidad de gobernar.
Y esa es quizá la primera lección que el nuevo Gobierno debe aprender:
si no tiene mayoría, necesita más política; si tiene urgencias, necesita más gestión; y si carece de facultades, necesita utilizar mejor las leyes que ya existen.
El país no eligió un Gobierno para que espere a que el Congreso le permita empezar a trabajar.
Lo eligió para que gobierne.
