¿Quién controla a quienes controlan a los jueces?
Fernando Rospigliosi acaba de denunciar ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a un cuarto magistrado desde que asumió como senador. Esta vez se trata de José Matos Centeno, juez que dictó prisión preventiva contra ocho militares investigados por la muerte de cinco civiles en Colcabamba.
Rospigliosi lo acusa de ser un juez «politizado y prevaricador» y solicita que la JNJ determine su responsabilidad y, de corresponder, imponga incluso la destitución. Antes había denunciado a tres jueces de la Corte Suprema por decisiones relacionadas con la aplicación de normas sobre lesa humanidad y la amnistía para policías y militares.
La pregunta ya no es solamente qué hicieron esos jueces.
La pregunta es qué está haciendo Rospigliosi con el poder que acaba de recibir.
Defender a policías y militares no significa colocarlos por encima de la justicia
Nadie puede cuestionar que un senador tenga derecho a defender a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Tampoco que considere injustas determinadas decisiones judiciales y las critique públicamente.
El problema comienza cuando la crítica política se transforma en una sucesión de denuncias disciplinarias contra jueces que adoptan decisiones contrarias a sus posiciones.
Porque una cosa es cuestionar una sentencia y otra muy diferente es intentar que el juez que la dictó sea sancionado por haberla emitido.
Una resolución judicial puede ser equivocada. Puede ser cuestionable. Incluso puede ser revocada por una instancia superior.
Pero que una decisión sea revocada no convierte automáticamente al juez en prevaricador.
Si así fuera, cada juez tendría que pensar, antes de dictar una resolución:
«¿Esta decisión será jurídicamente correcta o será políticamente conveniente para quienes tienen poder?»
Ese sería el principio del fin de la independencia judicial.
El caso Colcabamba plantea precisamente esa pregunta
El juez José Matos Centeno dictó prisión preventiva contra ocho militares investigados por las muertes de cinco civiles ocurridas en abril.
Posteriormente, una sala superior dejó sin efecto la prisión preventiva y ordenó que otro juez evalúe nuevamente el requerimiento fiscal.
Para Rospigliosi, aquello demostraría que el juez actuó ilegalmente y habría incurrido en prevaricato.
Pero hay una diferencia jurídica fundamental que no debería perderse de vista:
una instancia superior puede corregir o revocar una resolución sin que ello implique necesariamente que el juez que la emitió haya cometido un delito o una falta disciplinaria.
Precisamente para eso existe el sistema de recursos.
La justicia funciona mediante jueces, fiscales, salas superiores y mecanismos de impugnación. No mediante congresistas que determinen públicamente qué juez debe ser sancionado cada vez que una resolución contradice sus convicciones políticas.
¿Dónde termina la defensa y dónde empieza la presión?
Esta es la pregunta que debería preocuparnos.
Rospigliosi ha utilizado expresiones particularmente severas contra los magistrados. Ha calificado a algunos como «defensores de terroristas» y «enemigos de la PNP y las FFAA».
El problema de este lenguaje es que puede convertir una controversia jurídica en una confrontación política.
Un juez que condena a un policía o a un militar no es necesariamente enemigo de la Policía o de las Fuerzas Armadas.
Puede estar equivocado.
Puede interpretar mal una norma.
Puede incluso cometer una falta.
Pero mientras no exista una decisión que establezca esa responsabilidad, sigue siendo un juez que ejerce una función jurisdiccional que debe estar protegida de presiones políticas.
De la misma manera, un juez que absuelve a un militar tampoco debería ser considerado automáticamente un defensor de las Fuerzas Armadas.
La justicia no puede tener camiseta.
El riesgo de convertir la JNJ en un instrumento de presión
La JNJ tiene una función indispensable: investigar y sancionar disciplinariamente a jueces y fiscales cuando corresponda.
Por eso, denunciar una conducta irregular ante la JNJ no es, en sí mismo, una acción ilegítima.
El problema aparece cuando la denuncia disciplinaria deja de ser un mecanismo para investigar una conducta irregular y comienza a percibirse como un mecanismo de presión frente al contenido de las decisiones judiciales.
Y esa preocupación no la está expresando solamente la prensa.
Los presidentes de las Cortes Superiores del país han reclamado públicamente respeto absoluto a la independencia judicial y han pedido que los actores políticos se abstengan de cualquier acto de «amedrentamiento, injerencia o instrumentalización» de las instituciones contra los magistrados.
La advertencia merece ser tomada en serio.
¿Y qué ocurre con las víctimas?
Hay otra dimensión que tampoco deberíamos olvidar.
En el caso Colcabamba existen cinco civiles muertos y otros ciudadanos sobrevivientes. Hay una investigación fiscal y una controversia sobre lo ocurrido.
Los militares tienen derecho a defenderse.
Tienen derecho al debido proceso.
Tienen derecho a no ser condenados sin pruebas.
Pero exactamente los mismos principios deben aplicarse a quienes resultaron muertos o heridos.
El Estado de derecho no consiste en proteger a los militares de la justicia. Consiste en garantizar que militares y civiles sean sometidos a la misma justicia.
Si hubo una actuación legítima de las fuerzas del orden, deberá demostrarse.
Si hubo abuso o uso ilegal de la fuerza, también deberá establecerse.
Lo que no puede decidirse anticipadamente es el resultado del proceso porque una de las partes tenga respaldo político.
El nuevo papel de Rospigliosi
Rospigliosi tiene una larga trayectoria política y una posición conocida respecto de la seguridad, la Policía y las Fuerzas Armadas.
Pero ahora ocupa una nueva responsabilidad: es senador de la República.
Eso significa que su actuación tiene un peso institucional diferente al que podía tener como comentarista, dirigente político o ciudadano.
Por eso resulta legítimo preguntarse:
¿Está utilizando su nueva posición para defender una política de seguridad y reformas legales, o está convirtiendo su actividad parlamentaria en una cruzada personal contra jueces que discrepan de su visión?
No podemos conocer sus motivaciones íntimas.
Pero sí podemos evaluar sus actos.
Y los actos muestran que, en menos de un mes, ya son cuatro los magistrados denunciados ante la JNJ.
Eso merece, como mínimo, un debate público.
El verdadero problema no es Rospigliosi
El problema de fondo es mucho más grande que un congresista y cuatro jueces.
La pregunta que debemos hacernos es:
¿Quién controla a quienes controlan a los jueces?
Porque también el poder político necesita límites.
Un senador puede criticar una sentencia.
Puede promover una ley.
Puede defender a la Policía y a las Fuerzas Armadas.
Puede exigir investigaciones.
Puede denunciar una verdadera falta disciplinaria.
Pero no debería existir un sistema en el que un juez tema ser denunciado ante la JNJ simplemente por adoptar una decisión que disguste a un poderoso sector político.
Porque cuando un juez comienza a pensar más en las consecuencias políticas de su sentencia que en la Constitución, la ley y las pruebas del expediente, algo fundamental se ha roto.
Y cuando eso ocurre, no importa si la presión viene de la izquierda, de la derecha, de los militares, de los empresarios, de los sindicatos o del propio Congreso.
La independencia judicial deja de ser una garantía para convertirse en una ficción.
Rospigliosi tiene derecho a defender a policías y militares.
Lo que debemos exigirle —como a cualquier político— es que también defienda algo mucho más importante:
el Estado de derecho.
Porque defender a una institución no significa defenderla de la justicia.
Significa garantizar que la justicia funcione para todos.
