Los grandes bancos españoles llevan el nuevo impuesto a la banca a los tribunales. Banco Santander, BBVA, Bankinter, CaixaBank y Unicaja ya han presentado un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en contra de este tributo. Queda por conocer si Banco Sabadell también ha seguido los pasos de las patronales del sector para emprender acciones legales. La Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) dieron un paso al frente a principios de junio, justo después de que el Ministerio de Hacienda publicase la Orden Ministerial que recogía el modelo de autoliquidación. Hasta ese momento no cabía la opción legal al no estar aprobada la norma.
El diseño actual, que da continuidad a la tasa extraordinaria de 2022 creada para sufragar los costes asociados a la guerra de Ucrania y tendrá una duración inicial de tres años, grava los márgenes de intereses y comisiones obtenidos en el territorio español. Aplica unos tipos progresivos que abarcan desde el 1% para los primeros 750 millones hasta el 7% para todos aquellos que rebasen los 5.000 millones. Dentro de estos rangos se ha establecido un 3,5% si se contabilizan entre 750 y 1.500 millones, siendo del 4,8% entre 1.500 y 3.000 millones, mientras que se eleva al 6% para los bancos que obtengan entre 3.000 y 5.000 millones.
A diferencia del anterior, éste se computa de forma trimestral. Otra de las novedades es que permite deducir el 25% del impuesto de sociedades, algo que ha beneficiado a entidades como Bankinter. El importe a pagar por la entidad queda reducido a ‘cero euros’ tras deducir los 54 millones que le correspondería abonar. Por el contrario, Banco Santander tendrá que desembolsar 348 millones a lo largo del ejercicio, CaixaBank calcula que unos 600 millones, en Banco Sabadell podría llegar a rozar los 125 millones y en Unicaja será de unos 10 millones.
El sector ya dio la batalla con el primer impuesto, que cargaba una tasa del 4,8% los ingresos por intereses y comisiones de aquellas entidades que en 2019 -antes de la pandemia- hubieran contabilizado por esta partida más de 900 millones. Ahora se encuentra a la espera de que la Audiencia Nacional se pronuncie. La Agencia Tributaria recaudó el año pasado casi 1.700 millones por este concepto, montante que se suma a los 1.164 millones de las energéticas. La cifra es ligeramente inferior a los 2.908 millones que abonaron estos dos sectores en conjunto durante el ejercicio anterior, siendo el correspondiente a la banca de 1.263 millones.
Tanto AEB como CECA han alertado de que «limitará» la capacidad de la banca para conceder crédito y provocará que el sector aplique unas «condiciones menos favorables» a la hora de conceder crédito, «además de poder producir consecuencias imprevistas para la solvencia y la competitividad de las entidades de crédito». Estas críticas se apoyan en la opinión del Banco de España (BdE), desde el que avisaron en su informe de estabilidad financiera que su implantación podría dar lugar a la fragmentación del sistema financiero europeo.
