En 1999, Charles Bland, un agricultor de Texas, decidió hacer una donación altruista a su localidad, Taylor, una ciudad de unos 15.000 habitantes: entregó cerca de 35 hectáreas de terreno a cambio de una cantidad simbólica de 10 dólares, con una condición expresa y formalizada: que el espacio se destinara exclusivamente a crear un parque público. La escritura inicial establecía que los bienes quedaban bajo la custodia de la Fundación de Parques de Texas como fideicomiso, con el fin de preservarlos para uso recreativo y, en particular, para habilitar zonas infantiles. Sin embargo, 27 años después, el destino de esas tierras ha cambiado radicalmente y ha provocado una fuerte polémica entre los vecinos: el ayuntamiento ha vendido parte de la finca a la empresa Blueprint por un valor de 10 millones de dólares, no para cumplir la promesa original, sino para construir allí un gran centro de datos. La operación, que ha salido a la luz a través del medio 404, ha levantado críticas por la aparente contradicción entre la voluntad del donante y el uso comercial que finalmente se ha dado al suelo, así como por la falta de explicaciones claras y detalladas por parte de las autoridades locales.
El conflicto tiene su origen en una serie de transferencias de propiedad que ocurrieron durante años y que alteraron progresivamente el marco legal establecido en un principio. En 2003, la Fundación de Parques de Texas cedió los terrenos a otra entidad sin ánimo de lucro, la Fundación de Parques del Condado de Williamson, y apenas un mes después, esta última los entregó directamente a la ciudad de Taylor. El siguiente paso se dio en 2008, cuando el municipio los vendió a la Corporación de Desarrollo Económico de Taylor (TEDC) por 15.000 dólares, una cifra muy inferior a su valor real y que permitió que el control pasara a una estructura enfocada a impulsar actividades económicas. Esta sucesión de cambios ha permitido separar el suelo de la restricción original de uso como parque, aunque para muchos residentes rompe el espíritu de la donación inicial. El caso se ha convertido en un ejemplo llamativo de cómo la expansión de infraestructuras tecnológicas, como los centros de datos, puede entrar en tensión con acuerdos históricos, expectativas comunitarias y la preservación de espacios públicos, generando dudas sobre la transparencia y la continuidad de los compromisos adquiridos por las administraciones públicas.
