Los últimos años han estado marcados por una consecución de anuncios en materia laboral, sobre los que, como es habitual, las posiciones de la patronal y los sindicatos siempre guardaban una distancia. No obstante, el hecho de que todos firmaran la reforma laboral de 2021 permitió sentar las bases para el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) de 2023, cuya vigencia termina este año. Sin embargo, el peso de los temas que están ahora en el aire (reducción de la jornada laboral, registro horario, reforma del despido y alza del SMI) construye un terreno desfavorable para iniciar las conversaciones para renovarlo y diluye las opciones de llegar a un acuerdo.
Fuentes empresariales trasladan a elEconomista.es que es difícil abrir una negociación para acordar la recomendación de subidas salariales para 2026, 2027 y 2028 mientras se mantiene la incógnita sobre qué va a pasar con la reducción de la jornada laboral y se incorporan al debate nuevos temas como la reforma de la indemnización por despido, que entienden que enmienda los términos cerrados en la ley de 2021.
Dentro de CEOE y Cepyme, algunas voces dudan de que puedan siquiera sentarse a hablarlo, dado que existe un clima de desconfianza hacia los sindicatos por haber llegado a acuerdos con el Gobierno sobre materias –como las 37,5 horas– que decidieron dejar de lado en el AENC. Otras, creen que si reciben la petición de CCOO y UGT acudirán a las reuniones de negociación, pero no ven incentivos para tratar de llegar a un consenso en este contexto.
«Te preguntas de qué sirve pactar si te cambian las reglas mientras sigue vigente el acuerdo» admite otro líder empresarial que lee el cúmulo de anuncios como parte de una estrategia preelectoral. En la patronal hay quienes separan la agenda política de la seguida por los interlocutores sociales, pero reconocen que este acuerdo es el más expuesto a estas incógnitas.
Los sindicatos, por su parte, transmitieron antes de verano su voluntad de convocar a la patronal antes de que termine el año. Ahora, las ejecutivas de los dos sindicatos más representativos, tratan de acordar una propuesta conjunta para el próximo AENC. CCOO y UGT no creen que este texto pueda servir como alternativa a la ley para reducir la jornada, dado que la norma protegería a los trabajadores que no están amparados por un convenio. Si bien, han declarado que aprovecharán este espacio para volver a tratar el recorte de jornada con CEOE y Cepyme.
Al mismo tiempo, han prometido hacer una «ofensiva salarial» por la que demandarán incrementos que superen en varios puntos porcentuales al IPC medio anual, en tanto que los precios de la vivienda están excluidos del índice elaborado por el INE y entienden que son el valor que más condiciona el poder adquisitivo de los trabajadores de todo el país.
