La noticia del posible traslado del expresidente Martín Vizcarra a un penal común ha encendido las alarmas. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) declaró nula la resolución que lo internaba en Barbadillo y evalúa su envío a otro centro penitenciario, pese a que la medida preventiva es apenas de cinco meses.
El secretario general de Perú Primero, César Figueredo, fue tajante:
“Si Vizcarra es trasladado a un penal común su vida estaría en peligro”.
¿Justicia o ensañamiento?
Barbadillo, más allá de ser un símbolo, es también un espacio de seguridad para exmandatarios, que por la naturaleza de sus decisiones y enemigos acumulados, requieren protección especial. Pretender colocarlo en un penal común no es un simple trámite administrativo: es exponerlo deliberadamente a un riesgo evidente.
¿Se trata de una aplicación estricta de la norma penitenciaria? ¿O estamos ante un nuevo capítulo del ensañamiento político contra un expresidente incómodo para varios sectores?
La política como tribunal paralelo
En el Perú, la justicia parece estar atrapada en la dinámica de la revancha. Ayer fue Zoraida Ávalos sancionada arbitrariamente por cumplir la Constitución; hoy es Vizcarra amenazado con un traslado que compromete su integridad.
El denominador común es claro: la política convierte al derecho en un arma, se manipulan procedimientos para castigar no solo conductas, sino trayectorias, discursos y adversarios.
El colmo de la arbitrariedad
Vizcarra enfrenta procesos que deben resolverse en los tribunales. Pero una prisión preventiva de apenas cinco meses no puede transformarse en una condena anticipada agravada por las condiciones carcelarias.
Si Barbadillo existe para proteger a expresidentes, el INPE no tiene excusa válida para negar esa garantía. De lo contrario, quedará la impresión de que la decisión no busca justicia, sino humillación.
Un espejo peligroso
Lo que hoy ocurre con Vizcarra puede ocurrir mañana con cualquier otro mandatario. Si los expresidentes son reducidos a piezas del ajedrez político y expuestos a peligros innecesarios, se institucionaliza la venganza como norma.
El Perú necesita justicia, no persecuciones. Necesita instituciones firmes, no funcionarios que cedan a presiones. Y necesita recordar que la seguridad de un exjefe de Estado no es un privilegio: es un deber del Estado que representó.
