La designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia ha generado un ruido político que evidencia, una vez más, la fragilidad de la ética en la vida pública peruana.
El congresista Diego Bazán, miembro de Renovación Popular, ha calificado la decisión como “una afrenta al Congreso”, recordando que el Parlamento lo censuró cuando se desempeñaba como ministro del Interior. Su preocupación no es menor: la censura fue resultado de un mal manejo en materia de seguridad ciudadana y de un desempeño deficiente como funcionario. Reinstalar a un censurado en otro ministerio clave equivale a ignorar la voz de representación popular que lo apartó en su momento.
Sin embargo, su propio líder partidario, Rafael López Aliaga, ha respaldado y celebrado el regreso de Santiváñez, confirmando su estilo característico: pragmático en lo político, indiferente en lo ético, y dispuesto a sacrificar principios básicos de respeto ciudadano y derechos humanos con tal de asegurar cuotas de poder.
Este contraste revela una tensión en el interior de Renovación Popular: mientras un sector intenta mantener cierta coherencia institucional, la dirección máxima del partido impone la obediencia. Lo paradójico es que, en política peruana, lo más probable es que el congresista Bazán, hoy crítico, termine justificando mañana lo que hoy condena. La disciplina partidaria suele devorar la dignidad personal.
El trasfondo es aún más grave: la intención de utilizar al Ministerio de Justicia para impulsar una agenda de salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y debilitar los mecanismos de protección de derechos fundamentales. Se trata de un retroceso histórico con graves consecuencias internacionales para el país, disfrazado de reforma soberanista.
Lo que vemos en esta designación no es solo un error de gabinete. Es la constatación de un patrón: la política peruana tolera el reciclaje de figuras censuradas, convierte la ética en un accesorio desechable y reduce los derechos humanos a un obstáculo incómodo.
La pregunta es inevitable: ¿seguiremos aceptando que el poder se ejerza contra las instituciones y contra la ciudadanía que dicen representar? Porque si algo nos recuerda el caso Santiváñez, es que cuando la política se divorcia de la ética, la democracia termina en la mesa de operaciones.
