Al igual que ocurrió con los relojes inteligentes y los auriculares inalámbricos, las gafas inteligentes han dejado de ser un prototipo del futuro para convertirse en un producto que ha llegado para quedarse. Varias marcas han entrado en este terreno, desde Xiaomi hasta la renacida Packard Bell, e incluso se dice que Apple prepara su propia propuesta, pero quien ha empujado con más fuerza este segmento ha sido Meta. Sus Ray‑Ban Meta, lanzadas en 2024, no fueron las primeras gafas inteligentes del mercado, pero sí las que mejor supieron combinar en un mismo dispositivo sonido, asistente de inteligencia artificial y cámara, todo ello con un diseño que no grita tecnología. Esa fórmula se perfeccionó con una segunda generación que mejoraba las prestaciones en muchos aspectos, aunque lo que más ha dado que hablar no han sido sus mejoras, sino las polémicas que las acompañan.
El motivo de la controversia tiene nombre y forma: una cámara capaz de grabar a la altura de los ojos, integrada en unas gafas que cualquiera puede llevar puestas sin que nadie sospeche que está capturando imágenes. Esa discreción es precisamente lo que ha generado recelo y rechazo en muchos sectores. Han surgido noticias sobre personas que graban a otras sin su consentimiento, y también se han conocido casos en los que imágenes tomadas con estas gafas han quedado expuestas o han sido vistas por personal ajeno a través de sistemas internos, lo que ha alimentado el temor a que puedan usarse para espiar, registrar conversaciones o capturar imágenes en espacios donde se espera privacidad. A diferencia de un teléfono móvil, que hay que sacar, apuntar y sostener de forma visible, las gafas permiten grabar con una naturalidad que resulta mucho más difícil de detectar, y esa es precisamente la característica que más preocupa.
Meta introdujo un pequeño indicador luminoso, un LED, que se enciende cuando la cámara está funcionando para avisar a quienes están cerca de que se está grabando. Sin embargo, ese punto luminoso es tan reducido que durante la primera generación bastaba con cubrirlo físicamente para seguir grabando sin que nadie se diera cuenta. Cuando la compañía lo detectó, corrigió el sistema: a partir de la segunda generación, si el LED queda oculto, la cámara se desactiva automáticamente. Pero quienes querían usarlas de forma discreta encontraron otros caminos: empezaron a modificar tanto el software como pequeños elementos del hardware para burlar esa protección. Meta respondió de nuevo, incorporando mecanismos que detectan esas alteraciones y desactivan la cámara por completo si el sistema nota que algo ha sido manipulado.
Lo que está ocurriendo, en realidad, es una carrera continua entre los equipos de seguridad de la compañía y quienes buscan formas de eludir las protecciones. Lo más revelador es que no se trata de unos pocos casos aislados. Alex Himel, vicepresidente de dispositivos portátiles de Meta, ha declarado al medio Semafor que la compañía ha tenido que desactivar por completo la función de cámara en varios cientos de miles de gafas como medida de protección ante manipulaciones del sistema o del hardware. Aunque la empresa señala que se trata de menos de una décima parte del porcentaje de todas las unidades vendidas, si se tiene en cuenta que solo en 2025 se vendieron unos siete millones de unidades, la cifra sigue siendo considerable: miles de personas han buscado activamente la manera de anular las advertencias para grabar sin que nadie lo sepa, quedándose finalmente con unas gafas que ya solo funcionan como auriculares Bluetooth. Para cerrar, Himel reconoce que esta batalla no tiene fecha de finalización: “Siempre habrá nuevas formas de saltarse las protecciones. Seguiremos vigilando y mejorando las medidas, pero es un juego del gato y el ratón que probablemente nunca termine”.
Es una lástima, porque esa misma cámara que tantos problemas genera podría ser una herramienta extraordinariamente útil para un grupo muy concreto: las personas con discapacidad visual. Combinada con inteligencia artificial capaz de describir lo que ve, la cámara podría convertir estas gafas en unos ojos artificiales que reconocieran objetos, leyeran textos o describieran personas y lugares, abriendo un mundo de posibilidades de autonomía. De hecho, Keri Gray, que formó parte del consejo asesor de la división de tecnología de Meta, comenta que cada vez más personas con discapacidad visual están empezando a usarlas. Sin embargo, el mismo riesgo de privacidad persiste: una tecnología que sirve de ayuda puede usarse al mismo tiempo para vulnerar a otros, y por eso Gray defiende que hace falta una regulación que delimite claramente dónde y cuándo pueden usarse estos dispositivos, reservando espacios y situaciones en los que esté prohibido capturar imágenes, por muy útiles que sean para quien las lleva puestas.
El problema de fondo, sin embargo, va más allá de unas gafas concretas. Al mismo tiempo que se debatía sobre las Ray‑Ban Meta, se conoció también el caso de las cámaras de reconocimiento de matrículas de la empresa Flock, instaladas en carreteras y ciudades para controlar el tráfico y delitos, que algunos agentes de policía han estado utilizando para vigilar a sus parejas, exparejas o conocidos, abusando de su acceso a sistemas que deberían tener un uso estrictamente público. En ambos casos ocurre lo mismo: las empresas ponen protecciones y lanzan parches, pero estas medidas se quedan cortas cuando el problema no es un fallo técnico, sino la intención de burlar las normas o abusar de una herramienta. Los arreglos que se aplican son, en el fondo, soluciones parciales que intentan poner parches a problemas que nacen de la propia naturaleza de la tecnología y de la falta de marcos legales claros que digan hasta dónde se puede llegar y quién responde cuando se cruzan las líneas.
